En Aragón el reparto de menores no se discute solo en ruedas de prensa: se manda al Tribunal Supremo. El Gobierno de Jorge Azcón ha autorizado a los servicios jurídicos a recurrir el real decreto del 30 de junio del Ejecutivo central sobre la acogida de menores migrantes no acompañados. La cifra que pone sobre la mesa es nítida: quieren frenar la llegada de 476 plazas más a su red. La suspensión cautelar es el primer objetivo. Que el papel de Madrid no mueva fichas mientras se discute si la norma es legal.
Lo han anunciado este lunes, tras un Consejo de Gobierno, los dos vicepresidentes: Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox). Misma foto, mismo frente. No es un detalle menor. En la coalición aragonesa, la política migratoria es cemento de pacto. Y el recurso es la herramienta que ya usaron contra normas previas de 2025 y de este ciclo.
Qué alegan y qué no cuantifican
Según el relato de El Mundo, Cadena SER Aragón y Heraldo, Nolasco habla de “numerosas irregularidades”: invasión de competencias autonómicas, golpe al principio de igualdad y solidaridad entre comunidades e incumplimiento del acuerdo España-Marruecos del 6 de marzo de 2007, que —según su lectura— obliga a devolver de forma urgente al menor que cruza irregularmente la frontera a su familia o al Estado marroquí. Vaquero insiste en el patrón: decisión unilateral, reparto forzoso y criterios que, dice, no entiende como objetivos.
Donde el discurso se queda corto es en el dato de ocupación. Ambos sostienen que los centros están “sobrepasados” —Nolasco remonta el desborde a julio de 2024—, pero en la comparecencia no concretaron cuántos menores tutelan hoy ni el porcentaje exacto de saturación. “No le puedo decir el porcentaje exacto”, admitió el vicepresidente de Vox, según la SER. El argumento político avanza más rápido que la calculadora pública.
La batalla de siempre, con reloj judicial
Madrid reparte cupos porque Canarias, Ceuta y otras puertas de entrada no dan abasto. Zaragoza responde que no se puede imponer un coladero de plazas sin capacidad real ni acuerdo. En medio están menores, no eslóganes. El Gobierno de Aragón presenta el recurso como defensa del autogobierno y de un sistema ya tensionado. El Gobierno central lo enmarca como solidaridad obligatoria cuando unas comunidades reciben la presión de la frontera y otras miran hacia otro lado.
Nolasco elevó el tono hasta acusar al real decreto de favorecer, “en la práctica”, a las mafias y de usar a los menores para “pisotear el Estado de derecho”. Eso es marco político, no veredicto. El Supremo tendrá que mirar competencias, procedimiento y efectos. No el mitin.
Qué cambia si cuela la cautelar
Si hay suspensión, Aragón gana tiempo: 476 plazas no entran mientras dura el litigio. Si no la hay, el decreto sigue y el choque se traslada a la ejecución de expedientes, a la financiación y a la siguiente ronda de recursos. Otras comunidades del bloque contrario a Moncloa ya han recorrido caminos parecidos. El mapa se fragmenta a golpe de escrito.
La pregunta de fondo no es solo jurídica. Es de Estado: ¿quién decide cuántos menores acoge cada territorio cuando la llegada es irregular y desigual? Aragón ha elegido el Supremo. Moncloa ha elegido el real decreto. Los centros, mientras tanto, siguen con las camas que tienen —y con la cifra de saturación que el Ejecutivo aragonés aún no ha puesto negro sobre blanco en rueda de prensa.