La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dicho lo que el entorno del caso Koldo prefería no oír: la imputación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se mantiene. El auto, al que ha tenido acceso Europa Press y confirman medios como Libertad Digital y Telemadrid, considera “adecuada” la decisión del juez Ismael Moreno y tumba el recurso de la defensa.

No es un titular de relleno. Es el sistema diciendo que el enchufe en empresas públicas no se esfuma porque el gran juicio ya se celebró y ella declaró como testigo.

Qué ha resuelto la Audiencia

Rodríguez recurrió su condición de investigada alegando, en esencia, que los hechos ya se habían ventilado en la causa del Supremo por el caso mascarillas —donde Ábalos fue condenado a 24 años de prisión— y que no cabía volver sobre lo mismo. La Sala responde que no hay cosa juzgada respecto a ella: en aquella causa especial no figura como acusada, sino como testigo. “La intervención de Rodríguez en los hechos ya está perfectamente delimitada en la sentencia del Tribunal Supremo”, anota el tribunal, y añade que la Fiscalía pidió su imputación “única y exclusivamente a la vista de los hechos ya probados” en esa sentencia.

Moreno ya había rechazado en julio un primer recurso. Entonces explicó que el Supremo no resolvió su responsabilidad penal. Rodríguez se acogió a no declarar. Ahora la Sala cierra el segundo intento: la citación como investigada “resulta adecuada, debiendo ser confirmada”.

En paralelo, la misma Sala mantiene la imputación del ex alto cargo de Adif Ignacio Zaldívar. Según el criterio de Anticorrupción recogido por Telemadrid y Onda Vasca, la prueba del juicio apunta a que pudo participar en un tráfico de influencias al trasladar a una subordinada las presiones para que Rodríguez fuera contratada y se mantuviera en el puesto. Ambos se negaron a declarar el 20 de julio.

El núcleo del asunto: cobrar sin trabajar

Aquí no hay niebla poética. La sentencia del Supremo, según relatan Fiscalía y crónicas judiciales, deja escrito que Rodríguez no desempeñó trabajo en Ineco ni en Tragsatec y que “el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir un salario mensual”. Cifras que han circulado en la instrucción: del orden de 34.450 euros por Ineco y unos 9.500 por Tragsatec. Contratos encadenados: Ineco (marzo 2019–febrero 2021) y, casi sin pausa, Tragsatec (marzo–septiembre 2021).

Anticorrupción sostiene que sin su modo de proceder —y el de quienes la colocaron— el plan no cerraba. En la pieza se investigan, además de a Rodríguez y Zaldívar, a Joseba García, hermano de Koldo García, por su papel en la contratación en Ineco. La Fiscalía habla de malversación y tráfico de influencias. Son imputaciones e indicios en instrucción: ni condena firme de Rodríguez ni absolución. Pero el relato judicial ya no es un tuit de oposición; está en autos y en una sentencia del alto tribunal sobre el entramado.

Por qué importa más allá del apellido Ábalos

Porque resume un modelo de poder: la red de confianza del ministro, el exasesor Koldo, las empresas públicas y el salario fantasma. Cuando la defensa intenta convertir el juicio previo en salvoconducto, la Audiencia responde que ser testigo no es lo mismo que haber sido juzgada. Traducción ciudadana: el enchufe no prescribe por proximidad al expediente principal.

Desde un marco liberal-conservador la lectura es dura y simple. No basta con “ya cayó Ábalos”. Mientras queden piezas del plan —quién firmó, quién presionó, quién cobró sin ir— la depuración es incompleta. Zaldívar, según Anticorrupción, no es un figurante: habría advertido en Tragsatec del vínculo con el ministro y del interés de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en la contratación. Eso, de acreditarse, no es burocracia torpe; es el Estado usado como agencia de colocación.

Tampoco conviene el triunfalismo procesal. Imputación no es condena. Rodríguez puede defenderse; el instructor puede archivar o elevar. Pero tras dos recursos desestimados, el intento de salir del procedimiento por la puerta de “ya se habló de esto” ha chocado con pared.

El reloj político

Con el 29-N encima, cada auto del caso Koldo se lee en clave electoral. Legítimo. También lo es exigir que el debate no se quede en el meme del exministro y baje al detalle que duele: dinero público, empresas públicas, trabajo inexistente. La Audiencia Nacional, al confirmar la imputación, obliga a seguir mirando ahí. Y eso, para quien defiende instituciones antes que familias políticas, es exactamente el punto.

Fuentes y contexto