La acampada de la Puerta del Sol ya no es solo foto de protesta ni tuit de campaña. Este viernes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha hecho lo que a veces hace la justicia cuando el ruido político aprieta: mirar la ley de reparto de competencias y pasar el expediente arriba. La magistrada se declara sin competencia objetiva y eleva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el recurso de la Comunidad de Madrid que pide el desalojo del asentamiento.
No es un detalle de tramitación para abogados. Es el primer movimiento judicial claro tras el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de llevar a los tribunales lo que su Gobierno regional llama inacción del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por “tolerar de forma persistente” una ocupación que considera ilegal del kilómetro cero.
Qué dice el auto (y qué no inventa)
Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza dio traslado a las partes y al Ministerio Fiscal. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado —que defiende a la Delegación del Gobierno— entendieron que el asunto corresponde al TSJM. La propia Comunidad pidió la remisión si se concluía que el órgano competente era el superior.
El razonamiento es técnico y, por eso mismo, incómodo para quien quería un titular de desalojo exprés en 24 horas: se impugna la inactividad de un órgano de la Administración periférica del Estado y la cuantía es indeterminada. Con esas premisas, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no deja el caso en un juzgado unipersonal. Las partes tienen diez días para comparecer ante el TSJM. Cuando el tribunal asuma, se abriría el plazo legal de 48 horas para resolver sobre las medidas cautelarísimas pedidas por la Comunidad.
Orden público o relato de desobediencia
La lectura de derechas no necesita inventar navajas ni dramatizar cenas. El punto es otro: una plaza central de la capital convertida en campamento permanente tensiona comercio, movilidad y seguridad, y la autoridad del Estado no puede diluir su responsabilidad en un tira y afloja partidista. Ayuso lo enmarcó como acampada ilegal que “nunca se debió permitir”; el consejero Miguel Ángel García ya había avisado del recurso si no había desalojo. El Ayuntamiento, por su parte, ha insistido en acumular pruebas y en que no ve pacífica la ocupación.
Eso no convierte automáticamente cada protesta en delito ni autoriza a pintar a todos los acampados como delincuentes: el auto no entra en el fondo político de la vivienda. Entra en si un gobierno autonómico puede forzar, por la vía cautelarísima, a que el delegado del Gobierno actúe sobre un espacio público. El fondo —si hay o no inactividad ilegal— lo dirá el TSJM. El procedimiento, hoy, ya ha cambiado de mesa.
Mientras el Congreso grita, Sol espera juez
El calendario es elocuente. El mismo viernes en que el Congreso debate y vota los decretos de vivienda, con manifestantes desplazados desde Sol hacia la Carrera de San Jerónimo, el contencioso madrileño deja claro que el desalojo no se improvisa en un tuit ni en un pleno autonómico. Se litiga. Y se litiga en el tribunal que toca.
Quien quiera vender el auto como victoria total de Ayuso se equivoca: aún no hay orden de desalojo. Quien quiera venderlo como derrota también: el recurso no muere; sube de escalón con el visto bueno procesal de Fiscalía y Abogacía del Estado sobre la competencia. Lo que queda es más sobrio y más grave: una capital con una plaza ocupada durante días y un Estado que tendrá que explicar ante el TSJM si miró hacia otro lado o si aplicó la ley con el mismo rigor que exige a cualquier otro asentamiento irregular.