Ayuso pide no votar por correo: la pelea del 29-N se va al buzón

Mientras el BOE encendía la maquinaria electoral, Isabel Díaz Ayuso abría otro frente: el del buzón. En un desayuno informativo, la presidenta de la Comunidad de Madrid pidió a los españoles que no voten por correo en las generales del 29 de noviembre. Su argumento no es de logística. Habla de posibles «adulteraciones», de regularizaciones y de un censo que, según ella, puede mover escaños si alguien juega con la circunscripción.

El aviso llega el mismo martes en que, con la publicación del Real Decreto 806/2026, se abre el plazo para solicitar el voto postal. Desde hoy y hasta el 19 de noviembre se puede pedir. La documentación se remite, en el calendario previsto, entre el 9 y el 22 de noviembre. El último día para depositar el voto en Correos es el 25. Quien lo pida y le acepten la solicitud ya no podrá votar en persona el 29. Son reglas claras. Lo que Ayuso pone en duda no es el calendario: es la confianza en el entorno del recuento y del censo.

Censo de agosto, ley de nietos y sospecha política

El censo que contará para estas generales es el cerrado el 1 de agosto, según el artículo 39 de la LOREG. Incluye residentes en España y residentes ausentes. Sobre el CERA pesa además la cautelar del Tribunal Supremo de septiembre sobre parte de las inscripciones vinculadas a la llamada ley de nietos, salvo acreditación de exilio familiar. Europa Press lo resume sin adornos: el censo no se reescribe al calor del adelanto; se trabaja sobre el corte de agosto y un litigio aún abierto.

Ayuso aprovecha ese terreno. Dice que Madrid es una de las comunidades donde más crece el censo por esas regularizaciones y recuerda que el Gobierno regional llevó a la Junta Electoral Central la pelea sobre última residencia y arraigo. Advierte de que, si el elector no elige circunscripción, alguien podría «asignar a dedo» el destino del voto en provincias ajustadas. No aporta un expediente cerrado de fraude en curso. Sí lanza una alerta política de alto voltaje: que el 29-N se decida no solo en el colegio, sino en la cocina del censo.

Desde el marco liberal-conservador, el mensaje es fácil de traducir. Primero: el voto presencial es el símbolo de control ciudadano frente a cadenas administrativas largas. Segundo: cualquier duda sobre el censo o el correo se convierte en munición de campaña porque las mayorías del Congreso pueden depender de unos pocos escaños. Tercero: Feijóo, según la propia Ayuso, estará «pendiente de la adulteración» de censos. Es una forma de decir que Génova no quiere llegar al 29-N jugando solo a la economía y a la vivienda.

Correos, la tensión y el coste de sembrar sospecha

La contracara llegó casi al mismo tiempo. Trabajadores de Correos, recogidos por RTVE, denuncian una «campaña de criminalización» por parte de Vox y de Ayuso al alertar de fraude en el voto por correo. Su queja es profesional y política a la vez: difamar el canal postal es señalar a todo un colectivo que mueve sobres bajo reglas públicas. Aquí está el choque de relatos. Un lado ve prevención democrática. El otro ve erosión deliberada de la confianza en el sistema.

Conviene separar hechos de hipótesis. Hecho: el voto por correo es legal, tiene plazos y exige identificación, con excepciones tasadas por enfermedad y autorización notarial o consular. Hecho: una vez aceptada la solicitud, no se vota en mesa. Hecho: el censo aplicable es el de 1 de agosto y hay un litigio cautelar sobre parte del CERA. Hipótesis: que exista una adulteración masiva o una asignación fraudulenta de circunscripciones capaz de fabricar escaños. Eso, de momento, es una advertencia política, no una sentencia.

Ayuso también mete número propio: espera crecimiento de escaños en Madrid —hasta siete en su proyección verbal, tres de ellos por el impacto de las regularizaciones— y presenta la capital como imán de servicios y de empadronamientos. Es campaña anticipada con perfume de censo. En un país que entra en periodo electoral con restricciones a la propaganda institucional, este tipo de mensajes marcan el tono: la derecha quiere pelear el 29-N también en el terreno de las garantías.

El riesgo es evidente. Si la sospecha se vuelve el eslogan, cada retraso de Correos o cada reclamación censal se leerá como prueba. Si se ignora del todo el debate del censo, una parte del electorado conservador sentirá que le piden confiar a ciegas. El equilibrio democrático exige lo contrario de ambos extremos: reglas transparentes, fiscalización real y no convertir el buzón en un arma automática de deslegitimación.

El 29-N ya tiene decreto, campaña y plazos de correo. Ayuso ha decidido que la primera batalla no sea solo de programas, sino de confianza en cómo se cuenta el voto. Gane o no esa pelea, ha movido el tablero: el buzón ya es política de portada.