En Ceuta no hay pausa de domingo. A primera hora, más de 350 agentes han barrido asentamientos y zonas periféricas y han sacado de la calle a alrededor de 500 personas, muchas de ellas menores. El delegado del Gobierno, David de la Encina, lo ha dicho sin rodeos: mientras siga habiendo gente durmiendo a la intemperie, el dispositivo se repetirá “todas las semanas”.
El mapa del operativo es el de una ciudad que lleva meses con la presión migratoria pegada al asfalto: Los Rosales, el Poblado de Regulares, las naves del Tarajal, la parte baja de la barriada del Príncipe y los alrededores del CETI. No es un control puntual en la playa. Es peinar barrios y polígonos donde la gente ha acabado montando chabolas porque no hay otra cama.
Las cifras que da la propia Delegación dibujan dos escenas. En Los Rosales y Regulares localizaron unos 90 adultos, una veintena de menores y una mujer. En el entorno industrial del Tarajal, el grueso: alrededor de 200 adultos y 200 menores en un asentamiento de chabolas. Cuando la mitad de quienes duermen fuera son niños y adolescentes, el relato de “orden público” se queda corto. Ahí empieza el problema de derechos.
De la Encina insiste en que la operación fue “muy pacífica”, sin altercados ni uso de la fuerza. Parte de los migrantes, eso sí, se movieron para no ser localizados. El Gobierno asume que muchos se habrán desplazado a otros rincones de la ciudad: de ahí la lógica de repetir el peinado semana tras semana. Es la política del barrido recurrente: quitar el campamento de hoy sabiendo que puede reaparecer mañana dos calles más allá.
¿Y después del autobús? Los adultos van a dependencias para identificación y filiación y pueden pedir el retorno voluntario a Marruecos. Los menores quedan a cargo de los servicios de protección de la Ciudad Autónoma. Sobre el papel, hay procedimiento. En la calle, la pregunta es otra: si el CETI y la red de acogida no dan de sí, el ciclo se repite —intemperie, redada, identificación, otra noche sin techo estable— y la precampaña del 29-N lo convierte en foto de “mano dura” o de “crisis sin resolver”, según el micrófono.
Desde el Poblado de Regulares, donde algunos migrantes llevaban cerca de dos meses conviviendo con vecinos, una representante del entorno, Aisha Mohamed, ha pedido lo mínimo: no olvidar que son personas. “Son seres humanos. Eso es lo que no quiero que nadie olvide”. No es un eslogan de partido. Es el recordatorio de quien ve el desalojo desde el portal de al lado mientras los servicios municipales retiran residuos y “limpian” el solar.
La Delegación enmarca la actuación en una estrategia más amplia: retirar asentamientos improvisados nacidos tras la presión de los últimos meses, después de intervenciones en el litoral y ahora en el tejido urbano. El dato político es tozudo. Un Estado capaz de movilizar 350 agentes un domingo puede peinar chabolas. Lo que aún no demuestra, con la misma contundencia, es que sepa alojar, tutelar y explicar qué pasa con cientos de menores y adultos cuando se acaba el operativo y vuelve la noche.
Para la mesa de izquierdas el ángulo no es negar el colapso ni romanticizar la chabola. Es señalar la jerarquía de medios: hay músculo para desalojar y mucho menos relato creíble de acogida digna y corresponsabilidad territorial. Mientras el 29-N se pelea a gritos en Madrid y Barcelona, en Ceuta la política migratoria se mide en lonas retiradas, menores derivados y la promesa fría de que la semana que viene volverán los mismos furgones.