El CIS no ha descubierto el Mediterráneo: ha puesto números a lo que se ve en Sol, en los portales y en las nóminas. El Barómetro de Vivienda 2026, publicado este jueves, dice que el 91,4% de los encuestados quiere que las administraciones construyan más vivienda pública y que el 76,3% pide que el Estado intervenga en el mercado “tanto como sea necesario” para que haya techo. No es un eslogan de mitin. Es la foto de un país que ya no se cree el cuento de que el mercado solo se autorregula.
Importa el calendario del sondeo tanto como el titular. El trabajo de campo es de entre el 22 y el 30 de junio de 2026: 6.019 entrevistas telefónicas, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. O sea, no es un sondeo cocinado la semana de Maricarmen ni la de la convocatoria del 29-N. Llega ahora, en plena precampaña y con la calle caliente, pero mide un malestar que ya estaba ahí antes del último golpe mediático.
Derecho frente a mercancía
El 79% prioriza el derecho a la vivienda como derecho constitucional. Solo el 13,5% prefiere tratarla como bien de mercado. Esa brecha es política, aunque algunos quieran disfrazarla de técnica. Cuando casi cuatro de cada cinco ciudadanos sitúan el techo en el terreno de los derechos, el Congreso que tumba escudos y el sector que pide “seguridad jurídica” sin oferta asequible quedan en fuera de juego moral.
La preocupación es masiva: el 86,9% dice estar “mucho” o “bastante” preocupado. El 41,5% afirma que la situación le ha perjudicado personalmente. Y el parque protegido sigue siendo residual: apenas el 8,6% vive en vivienda protegida. Con esos datos, hablar de “exceso de intervención” suena a conversación de despacho alquilado a precio de oro.
Qué medidas suscribe la gente (y cuáles no)
El barómetro no es un cheque en blanco a cualquier ocurrencia. Hay mayorías claras a favor de limitar pisos turísticos (75,6%), congelar alquileres dos años (70,6%), subir impuestos a grandes tenedores con diez o más viviendas (72%) y crear una empresa pública estatal de vivienda (76,3%). El 83,1% apoya recuperar viviendas públicas vendidas a empresas. La medida con más consenso es bajar impuestos en la compra de la primera vivienda (95,4%): también hay demanda de alivio a quien intenta entrar, no solo de castigo al especulador.
La expropiación divide. Casi la mitad (49,9%) apoya expropiar suelo para vivienda pública. Expropiar viviendas vacías: 40% a favor y 54,3% en contra, aunque entre los jóvenes de 18 a 24 el sí sube al 61,9%. Al mismo tiempo, el 85,7% pide más garantías a caseros frente a impagos y el 84,3% quiere sacar suelo urbanizable al mercado. Traducción llana: la gente quiere techo, oferta y reglas; no un dogma de manual.
Comprar se ha vuelto un plan de ciencia ficción
El 80,6% no prevé comprar vivienda en los próximos dos años. Quien quiere propiedad pero no compra señala, sobre todo, que no tiene dinero para la entrada (80,7%) ni ingresos para las cuotas (71,3%). Preferir vivir en propiedad —casi el 94%— y no poder hacerlo no es “cambio de hábitos”: es bloqueo. Mientras tanto, el 44,5% cree que debería ser el Estado, y no solo las comunidades o los ayuntamientos, quien asuma más competencias para mejorar el acceso.
El Ministerio de Vivienda ha leído el barómetro como respaldo a su línea de más parque público e intervención. Tiene base para decirlo en las cifras de construcción pública, turísticos, alquiler y grandes tenedores. Lo que no puede hacer nadie con rigor es convertir un CIS de junio en veredicto electoral de octubre. Los números describen el problema; las urnas del 29-N dirán si alguien lo gobierna de verdad.
La lectura de izquierdas es simple y incómoda para quien ha vivido de la retórica del “mercado libre” mientras se evaporaba el alquiler asequible: sin más vivienda pública, sin freno a usos especulativos y sin Estado dispuesto a meterse donde duele, el malestar no se va con un eslogan de campaña. El CIS no inventa la crisis. Solo certifica que la mayoría ya no acepta que le digan que el techo es un lujo privado.