Mientras en Bruselas se discute si España es “alumno aventajado” o problema vecino, en la Audiencia Nacional entra un papel más seco y menos fotogénico: un informe del CNI fechado el 14 de octubre y remitido a la jueza María Tardón, que investiga las entradas masivas en Ceuta del 30 y 31 de julio. El documento no resuelve la causa. Hace algo que en precampaña molesta más: describe la secuencia con nombres de servicios, horas y una palabra que pesa —pasividad.
Qué dice el informe, y qué no dice. Según la reconstrucción publicada a partir de ese documento, el Centro Nacional de Inteligencia sostiene que las autoridades marroquíes conocían desde días antes una acumulación anómala de personas cerca de Ceuta. El 29 de julio el CNI trasladó una alerta urgente tanto a la inteligencia interior marroquí (DGST) como a la exterior (DGED). Les atribuye conocimiento previo y una respuesta insuficiente. Y aquí va el matiz que no se puede saltar: no afirma que Marruecos organizara o promoviera las entradas. Habla de saber y de no contener como tocaba cuando llegó el pico.
Hasta la víspera, relata el servicio, las fuerzas marroquíes interceptaban intentos y reforzaban presencia. El día 29 incluso subieron las interceptaciones. Pero el dispositivo no sostuvo la presión de la mañana siguiente. La lectura del CNI es que los agentes optaron por evitar el uso de la fuerza y el control quedó desbordado. Después —cuando el daño ya estaba hecho— llegaron detenciones, controles de carretera y autobuses para alejar a grupos de los montes de Castillejos.
La explicación de Rincón. El informe sitúa parte del foco en la Fiesta del Trono y la presencia de Mohamed VI en Rincón. El CNI considera que las autoridades marroquíes priorizaron esa seguridad, y que esa prioridad dejó hueco para que la presión hacia Ceuta avanzara con oposición insuficiente. No es una novela de traición; es una hipótesis operativa de inteligencia puesta por escrito ante una jueza. Quien quiera convertirla en sentencia se equivoca. Quien quiera ignorarla porque no encaja en el relato de “cooperación impecable” también.
El lado español del reloj. El documento no deja a Ceuta como sorpresa caída del cielo. A las 21:34 del 29 de julio, el responsable del CNI en la ciudad habló once minutos con Gonzalo Sanz, entonces jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno. Le reiteró la preocupación por convocatorias en redes y por la concentración en Castillejos, mezclada con veraneantes. Sanz, según ese relato, comunicó que existía un acuerdo con Marruecos para devolver a quienes estaban entrando, aunque aún no tenía claro cómo ni por dónde se ejecutaría. Las capacidades de acogida, se apunta, ya estaban superadas.
En esa misma conversación aparece el tamaño del altavoz digital: grupos con hasta 180.000 usuarios. Ante la duda sobre la cifra, el responsable de inteligencia expone un cálculo frío: bastaba con que una décima parte intentara cruzar para que el volumen pudiera superar el episodio de mayo de 2021. Otra vez: no es dogma. Es la lógica con la que se midió el riesgo la noche antes del desborde.
Por qué importa ahora, en clave de seguridad y soberanía. Porque el debate público se ha instalado en dos escenarios cómodos. Uno, el de Bruselas: regularizaciones, “efecto llamada”, fotos de familia europea y frases de rueda de prensa. Otro, el de la bronca doméstica: si hubo o no patrulleras, si Feijóo pide Armada o si Marlaska promete desalojo de montes. El informe del CNI mete un tercer escenario, más incómodo: había avisos, había interlocutores al otro lado y, cuando apretó de verdad, la contención falló.
Eso no convierte automáticamente a Rabat en director de orquesta de una “invasión” planificada como hecho judicial probado. El propio CNI, en la versión reportada, se corta ahí. Pero sí obliga a una conversación adulta sobre reciprocidad y frontera. Si la inteligencia española documenta alerta urgente el 29 y pasividad el 30, el Estado no puede responder solo con narrativa de alumno aventajado. Tiene que responder con exigencia diplomática, capacidad de retorno real y un relato que no confunda solidaridad con ingenuidad estratégica.
La jueza Tardón dispone ahora de ese material dentro de la investigación de lo ocurrido en julio. Determinar responsabilidades penales corresponde a la causa, no al titular de un medio ni al tuit de campaña. Eso también es seriedad: no se inventa un delito donde el informe habla de pasividad y conocimiento previo; no se absuelve por despacho de prensa lo que un servicio de inteligencia ha puesto negro sobre blanco.
En precampaña del 29-N, Ceuta no es un accesorio emocional. Es el test de si España trata la frontera sur como problema de imagen o como problema de Estado. El CNI, con fecha 14 de octubre, ha dejado una pista clara: el desborde no llegó sin radar. Llegó con alertas encima de la mesa. Y cuando el radar pita y el dique cede, alguien tiene que explicar —en Rabat y en Madrid— por qué la pasividad fue la respuesta en el momento decisivo.