Junts cierra el grifo con PP y Vox: caen los dos decretos y Sol no se rinde

Este viernes el Congreso no discutió un matiz: cerró el grifo. Junts, PP, Vox y UPN tumbaron los dos reales decretos de vivienda del Gobierno. El primero arrastraba el grueso de medidas; el segundo, la renovación automática de alquileres que Sumar había convertido en bandera. Ambos cayeron. No es un empate técnico ni un aplazamiento elegante: es un portazo en plena crisis habitacional y con la calle todavía caliente.

En el hemiciclo, Pedro Sánchez no escondió el tono. Avisó a quienes votaban en contra de que «la historia les juzgará antes de lo que creen». Fuera, el relato era otro: cientos de personas habían marchado hacia la Carrera de San Jerónimo coreando huelga de alquileres y «esto es por Maricarmen». Cuando se conoció el resultado, el Sindicato de Inquilinas no disolvió la rabia: Alicia del Río dijo que «ahora empieza la verdadera legislatura de la vivienda» y que lo aprendido en Sol «continúa». La acampada no se rinde por un pleno perdido.

Junts cumplió la amenaza que había cocinado la noche anterior. Miriam Nogueras cargó contra unos textos que, según su partido, «permiten que los fondos sigan comprando, especulando y se siga desahuciando» y que provocarían «el efecto contrario» al pretendido. El Gobierno, que había intentado coser peticiones de varios grupos en el paquete amplio, contaba con salvar al menos ese primer decreto. No fue así. El segundo ya nacía herido: PNV y compañía lo dejaban sin aritmética antes incluso del llamamiento.

Lo que decae no es un eslogan. Con el «no» se caen o quedan en el aire piezas que el Ejecutivo había vendido como red: frenos y compensaciones en desahucios, toques al alquiler temporal, prórrogas y la renovación automática de contratos. Quien hoy pague un alquiler tenso no gana un piso nuevo por arte de magia; pierde, eso sí, el paraguas jurídico que Moncloa intentó colgar en ocho días de real decreto. Y quien especula con el mercado recibe un mensaje claro: la mayoría de la Cámara no está para apretar el rentismo.

La derrota abre, además, el tablero electoral. Fuentes socialistas y ministeriales llevan horas hablando de urnas; la fecha que más suena es el 29 de noviembre. Sánchez se toma el fin de semana de reflexión: sin agenda pública, midiendo si la bronca de la calle se traduce en movilización de su electorado o solo en ruido. Feijóo, en cambio, no pide tiempo: «Ponga la fecha, disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles». Están «preparados», dice. Traducción: la derecha quiere capitalizar el naufragio parlamentario y la izquierda de gobierno juega a convertir la derrota en coartada de disolución.

Hay que separar hecho y deseo. Hecho: los dos decretos han caído con los votos de la derecha y de Junts. Hecho: Sol y las marchas no se han desconvocado por cortesía institucional. Hecho: Sumar intentará convertir la renovación automática en identidad de campaña aunque el BOE no la recoja. Hipótesis —y solo hipótesis— es que ese cabreo se convierta en voto útil o en abstención cabreada. Mientras tanto, el inquilino sigue con el mismo contrato, el mismo miedo al siguiente recibo y la misma certeza: en el Congreso de hoy han ganado quienes preferían tumbar el papel antes que pelear el mercado piso a piso.