Hay consejos de ministros que se miden en fotos y otros que se miden en nóminas. El de este martes, a cuarenta días del 29-N, ha metido la tijera donde duele menos a la oposición y más a quien vive del salario: en la Seguridad Social.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha presentado un real decreto-ley que, según el resumen oficial de La Moncloa, amplía la acción protectora de la Seguridad Social. No es un PowerPoint de campaña. Son cambios de cobertura que se pueden contar en euros y en días de baja.
Bajas que dejan de ser un agujero negro
El texto crea dos situaciones especiales de incapacidad temporal: patologías incapacitantes ligadas a la menopausia y lesiones de trabajadoras víctimas de violencia de género que les impidan trabajar. En ambos casos, según el Ejecutivo, la prestación arranca al día siguiente de la baja sin exigir periodo mínimo de carencia y se calcula al 60% de la base reguladora al inicio y al 75% desde el día 20.
Saiz lo ha enmarcado en una cifra de contexto: más de 10,5 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. La lectura de la mesa de izquierdas es simple: lo que estaba invisibilizado deja de ser un “problema privado” y pasa a ser un derecho laboral con respaldo público.
La norma también equipara la incapacidad temporal por acontecimientos catastróficos a la derivada de accidente de trabajo. El Gobierno lo ha ligado, en rueda de prensa, a episodios como la DANA que afecta estos días a la Comunitat Valenciana: menos parches de urgencia y más mecanismo estable.
Familias, huérfanos y el anticipo que se triplica
Hay más capas. Ambos progenitores podrán percibir de forma alternativa o simultánea la prestación por cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves, y la cobertura se extiende más allá de los 26 años cuando haya dependencia de grado III o discapacidad igual o superior al 65%.
En pensiones, se facilita el acceso a la pensión de viudedad a parejas de hecho con hijos en común que acrediten dos años de convivencia, aunque no estén inscritas en el registro. Hay, además, una ventana temporal de un año para potenciales beneficiarios por fallecimientos pasados que ya hubieran reclamado. Los huérfanos por violencia contra las mujeres refuerzan su protección económica con una prestación equivalente al doble del SMI vigente.
Y el detalle que más se entiende en un cajero: el anticipo máximo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos pasa de 100 a 300 euros mensuales y se alarga hasta la extinción de la obligación de pago, frente a los 18 meses actuales. Menos teatro de “protección a la infancia” y más red cuando el otro progenitor no paga.
El decreto también equipara indemnizaciones de víctimas del terrorismo con y sin sentencia penal en lesiones incapacitantes y pensiones a familiares.
Vivienda al lado, sin confundir el titular
En el mismo Consejo, Vivienda ha sacado 180 millones en subvenciones directas a las cinco comunidades con zonas tensionadas (317 municipios, más de 9 millones de personas) y 45 millones para unas 2.000 plazas de alojamiento universitario. Cataluña se lleva 119,4 millones; Euskadi, 31; Navarra, 13,3; Galicia, 10,2; Asturias, 5,9. Son medidas reales, pero esta pieza no las convierte en el centro: el núcleo del martes social es el escudo de prestaciones.
Quien quiera leer solo “electoralismo” puede hacerlo. Quien mire el BOE de la vida cotidiana verá otra cosa: bajas, alimentos, viudedad y catástrofes dejan de ser letra pequeña. A cuarenta días de las urnas, el Gobierno ha elegido pelear el relato donde más le duele a la derecha: en el bolsillo de quien trabaja y cuida.