Maricarmen fuerza el reloj: el decreto de vivienda vuelve a la mesa con Junts al volante

A veces la política no se mueve por un informe ni por un plenillo. Se mueve cuando una cámara enseña a una mujer de 87 años saliendo de su casa con la policía al lado. Eso es lo que ha hecho el desahucio de Maricarmen en Madrid: no inventar el problema de la vivienda —ese ya estaba—, sino meterlo otra vez en la agenda con urgencia de metro a las ocho de la mañana.

Desde el miércoles, Moncloa y el Ministerio de Vivienda han reactivado contactos a varias bandas para intentar llevar al Consejo de Ministros del martes un decreto de vivienda con garantías de apoyo parlamentario. No es magia: es presión. Sumar ha exigido respuesta rápida e incluso ha planteado la expropiación del piso afectado por el fondo propietario, una vía que los propios juristas ven muy cuesta arriba. La ministra Isabel Rodríguez ha sido más cauta en la forma y más clara en el fondo: el caso ha “removido la conciencia” y ha “aproximado algunas posiciones” que venían distanciadas.

El detalle que importa no es el tuit del día. Es el mapa de votos. El Ejecutivo necesita a socios tan dispares como Junts y la izquierda a la izquierda del PSOE. Por eso Rodríguez lidera la interlocución directa con Míriam Nogueras y con Ione Belarra. Y por eso el Gobierno lee como victoria el simple hecho de que Junts se haya sentado otra vez a negociar, tras meses de comportamiento prácticamente opositor junto a PP y Vox.

El peaje fiscal y la fórmula del cuarto mes

Según el relato de elDiario.es, Vivienda y Junts ya se intercambian documentos. El peaje independentista es, sobre todo, fiscal y de propietarios: deducciones por compra de vivienda habitual, cuentas de ahorro para la compra, rebajas o exenciones de IVA para menores de 35 años, cesión de inmuebles de la Sareb en Catalunya y un paquete que Junts dice haber entregado a Sánchez hace dos semanas. Algunas piezas ya estaban en el borrador de julio; para Junts, se quedaba corto.

En el corazón del texto hay una pieza antidesahucios de compromiso. Hoy, tras la orden de lanzamiento, hay un plazo de cuatro meses en el que el desalojo se paraliza a la espera de alternativa habitacional. Si no llega, el reloj se reanuda y la puerta se abre. La fórmula que estudia el Gobierno —y que se parece a lo que Junts planteó hace meses— es intermedia: que, pasados esos cuatro meses, el desalojo siga parado si hay vulnerabilidad, pero que sea la administración quien cargue con la renta o los gastos mientras dura el limbo, no el pequeño propietario. Ni prohibición eterna de lanzamientos (demanda de la izquierda dura) ni “exprés” sin red (miedo de los caseros y bandera de la “inquiokupación”).

Es un arreglo de fontanería política. Puede salvar a gente vulnerable. También puede convertir el derecho a techo en una factura pública que alguien tendrá que pagar con impuestos. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.

ERC avisa, Podemos marca línea roja, Bildu pide peajes mutuos

Gabriel Rufián (ERC) ha cargado contra el orden de la negociación: “Es un error” que Puigdemont marque los límites de la vivienda al resto. Quiere que Gobierno e izquierdas cierren primero y que Junts se retrate después. Podemos no desvela condiciones finales, pero en julio dejó una línea roja nítida: no apoyar un decreto que meta una reforma de la ley del suelo para facilitar construir a costa de relajar reglas. EH Bildu, más conciliador, admite que habrá que “dejar pelos en la gatera”, pero rechaza bonificaciones fiscales “a la carta y generalizadas” sin mirar la renta.

El calendario es cruel. Aunque el martes salga el decreto y entre en vigor, luego hay un mes para convalidarlo en el Congreso. Ahí se verá si el escudo antidesahucios es carne o solo humo de crisis mediática. Isabel Rodríguez lo resumió sin maquillaje: el Gobierno podría “aprobarlo mañana”, pero sin apoyos en la Cámara “no se habrá conseguido nada”.

Para la mesa de izquierda de Politic.es, el caso Maricarmen no es un “exceso puntual”. Es la foto de un modelo que deja a una anciana en la calle mientras el Congreso regatea el IVA de la compra y el peaje a un socio que lleva meses votando con la derecha. Si el decreto sale diluido en regalos fiscales a propietarios y sin músculo real contra los fondos, el reloj de Maricarmen habrá sonado… y se habrá apagado otra vez.