Dos decretos y un viernes a cuchillo: la vivienda sale del Consejo con escudo… y con fisura

Había reloj, tiendas en Sol y un nombre que ya no es solo un caso: Maricarmen. Este martes el Consejo de Ministros, con una hora de retraso por el forcejeo de última hora entre PSOE y Sumar, aprobó dos reales decretos de vivienda. No es el texto soñado de julio. Tampoco es humo. Es un escudo con fecha, con letra pequeña… y con un viernes que puede tumbarlo todo.

El primero de los textos concentra el grueso del paquete. Según el avance del Gobierno —aún pendiente de BOE—, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a desahucios de personas en vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional. Los contratos de alquiler en vigor que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 podrán prorrogarse dos años. Se mete mano al alquiler de temporada y por habitaciones para exigir causa real y cortar el atajo que convierte un piso en un hotel disfrazado. Y se anuncia la prohibición, hasta 2028, de determinadas compras especulativas por fondos de inversión —el famoso freno a los «fondos buitre»—, cuya fórmula jurídica exacta solo se conocerá del todo cuando salga el boletín.

Hay más carne en el hueso del primer decreto: anuncio de un IVA del 10% a pisos turísticos (ahora exentos), bonificaciones fiscales ligadas al alquiler —con umbrales como ingresos por debajo de 33.000 euros—, medidas para Socimis orientadas a vivienda asequible, el mecanismo de financiación Tu Casa para primera vivienda con crédito al 0%, refuerzo del parque público y del modelo Casa 47, y rebaja del IVA al 4% en vivienda de promoción pública y protegida. Son piezas de oferta y de fiscalidad; no sustituyen el derecho a no quedarse en la calle.

El segundo decreto es el que más ha costado y el que más dice del pulso interno. Va a la renovación automática de los contratos de vivienda habitual, la bandera de Sumar y del Sindicato de Inquilinas: si se paga, el contrato no muere por caducidad de calendario salvo causa justificada. El PSOE temía que esa pieza asustara a PNV y Junts. Resultado: se desgaja. Sumar lo admite sin maquillaje —el socio mayoritario forzó el troceo— y, aun así, reivindica el paquete como conquista ciudadana. El sindicato, en cambio, habla de «vergüenza» por partir las medidas y mantiene la acampada en la Puerta del Sol. La calle no se ha ido a casa porque haya Consejo.

El contexto no es abstracto. El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, con renta antigua heredada y un edificio en manos de Urbagestión, se ha convertido en símbolo. El sábado la Delegación del Gobierno cifraba en torno a 25.000 personas la protesta en Sol; el fin de semana nació la acampada. Isabel Rodríguez dice que su «ambición» sigue siendo el texto de julio trabajado incluso con el relator de Naciones Unidas, pero apela a la urgencia: «mucho debate, pero de momento hay que pararlo». Traducción política: mejor un freno imperfecto hoy que otro desahucio mañana.

Y llega el viernes. El Gobierno ha pedido un pleno extraordinario —previsión: a las once de la mañana— para convalidar o derogar los dos decretos por separado, apenas un par de días después de su entrada en vigor vía BOE. No es un trámite cosmética: un real decreto-ley nace al publicarse y muere si el Congreso lo tumba. PP y Vox ya muestran rechazo; Feijóo pide «su turno» y habla de oferta. Junts acusa a Sumar de vetar la protección del pequeño propietario y mantiene la puerta entreabierta. El PNV avisa de no igualar fondos y pequeños caseros. Podemos tacha de trampa el troceo. La reforma de la Ley del Suelo, que pedía la formación morada sacar del tablero, queda fuera de este paquete.

Hay memoria reciente que pesa. A principios de 2026 el Congreso ya rechazó prorrogar la moratoria antidesahucios con los votos de PP, Vox y Junts, con el argumento de la ocupación y la oferta. Quien vote no el viernes no vota en el vacío: vota sabiendo qué pasó la última vez que se priorizó el discurso del mercado sobre el del desahucio.

Desde la mesa de izquierda el balance del martes es claro. La presión social ha obligado al Ejecutivo a mover ficha con medidas concretas —2030, 2028, renovación automática, temporada y habitaciones, freno a compras especulativas—. El troceo es una fisura táctica y un riesgo: permite tumbar lo más incómodo sin tumbarlo todo. Por eso el viernes no es un epílogo: es el examen. Si cae el escudo, no será por falta de calle. Será porque la aritmética del hemiciclo ha preferido otra cosa.