En plena precampaña del 29-N, el Ministerio de Trabajo no se ha ido de vacaciones salariales. La vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz ha convocado a la comisión asesora del salario mínimo interprofesional (SMI) con un objetivo explícito: preparar la subida para 2027 antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo confirman a RTVE fuentes del propio ministerio y lo recoge también El País.
La reunión es este jueves, 8 de octubre. Díaz la presidirá y, al terminar, comparecerá con la coordinadora del comité, la catedrática de Economía Aplicada Begoña Cueto (Universidad de Oviedo). No es un mitin: es el trámite técnico que cada año marca el punto de partida de la negociación con sindicatos y patronal. Pero el calendario electoral lo convierte en algo más que un papel interno.
Hoy el SMI está en 17.094 euros brutos al año: 1.221 euros en 14 pagas o 1.424,5 en 12. Las empleadas del hogar por horas en régimen externo tienen un suelo de 9,55 euros la hora. El último alza —ya en 2026, con efecto retroactivo— fue de 37 euros al mes (unos 518 al año), un 3,1% alineado con la recomendación de la comisión y pactado con los sindicatos. La patronal, de nuevo, se quedó fuera: CEOE y Cepyme llevan años descolgándose de estas mesas, tras haber participado en el salto a 950 euros de 2020.
Desde 2018, cuando el mínimo estaba en 736 euros en 14 pagas, el Gobierno ha subido el SMI cada ejercicio. La lectura de izquierdas es sencilla: el suelo salarial es la red más básica cuando el alquiler y la cesta de la compra no esperan a que acabe la legislatura. Adelantar el debate de 2027 no es «regalar votos»; es impedir que el 29-N deje a millones de nóminas bajas en un limbo de meses mientras se forma gobierno, se pelean ministerios y se reabre el diálogo social desde cero.
Hay otro hilo que el electorado nota en el bolsillo: el IRPF. Hacienda ha preferido, en los últimos ciclos, recortar la exención que protege cuantías equivalentes al SMI. Trabajo ha defendido mantener fuera del impuesto a quien menos cobra. De momento, esa línea se ha impuesto. Cualquier subida futura sin blindar esa exención puede convertirse en un truco contable: más bruto en la nómina y menos neto en la cuenta.
Las pensiones contributivas van por otro carril. No las fija el Gobierno a dedo: la ley las ata a la media del IPC de diciembre de 2025 a noviembre de 2026. El dato avanzado llegará a finales de noviembre y se confirma a mediados de diciembre. Con la inflación persistente de los últimos meses, RTVE apunta a un alza de pensiones por encima del 3% en 2027. El SMI, en cambio, sí es decisión política tras consultar al diálogo social. Por eso Díaz mueve ficha ya.
¿Cuánto subirá? Todavía no hay cifra. La comisión elaborará su informe; luego vendrá la mesa con CCOO, UGT y, si se sientan, la patronal. Lo que sí hay es señal política: en un país que va a urnas con la vivienda en llamas y una huelga general en el horizonte de noviembre, el Gobierno de coalición pone el suelo salarial en el escaparate de campaña. Quien diga que «no toca» hasta enero está pidiendo, en la práctica, que los salarios más bajos esperen a la aritmética parlamentaria.
Para la mesa de izquierdas el test es claro. Si el 29-N se gana o se pierde discutiendo solo listas y peajes territoriales, se habrá regalado el relato económico a quien prefiere congelar el mínimo y hablar de «costes». Si se gana explicando que 1.221 euros no son un lujo sino el suelo de la dignidad laboral —y que 2027 no puede quedar a la intemperie electoral—, entonces esta comisión del jueves habrá valido más que mil spots.