La ley de nietos no se rompe solo en el Supremo o en el censo. Se rompe en la ventanilla del consulado, donde el funcionario atiende pasaportes, Registro Civil, voto exterior… y una avalancha de nacionalidades que nadie dimensionó con tiempo. Este martes la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha soltado un comunicado seco: denuncia la «imprevisión» y la «ausencia de planificación» del Gobierno en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y condena insultos, acoso y amenazas de muerte a cónsules y a sus familias por cumplir instrucciones oficiales.
El reproche de fondo es de calendario y de medios. La norma, dice la ADE, entró en vigor sin un periodo de vacatio legis que permitiera reforzar plantillas e instalaciones. Recuerdan el precedente de la Ley de Memoria Histórica de 2007 —un año de margen— y el proyecto de nacionalidad para saharauis —cuatro meses—. A la falta de previsión inicial se sumó, según el relato de la asociación recogido por ABC, la interpretación extensiva de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplió el universo de beneficiarios a descendientes de emigrados anteriores a la Guerra Civil… sin red consular a la altura.
El resultado, en el lenguaje de la ADE, es improvisación electrónica y soluciones de urgencia. Consulados desbordados. Demoras. Solicitantes enfadados. Y un salto peligroso: acusar al cónsul de boicotear la ley cuando solo aplica lo que manda Justicia. La asociación reconoce el esfuerzo del personal para evitar un colapso mayor, pero dibuja un Servicio Exterior al límite y habla de «desidia» estructural. No es un detalle técnico: es la misma cadena que sostiene el voto de los españoles en el extranjero y la fiabilidad del censo que el Senado del PP ya ha puesto en el centro del debate.
Hay que decir lo que sí se sabe y lo que no. Sí: hay un comunicado formal de la ADE, hay colas documentadas en lugares como La Habana y hay un conflicto político abierto sobre cómo se limpia o se endurece el censo tras la ley de nietos. No: este texto no inventa cifras de expedientes ni atribuye delitos a solicitantes. El punto de la derecha institucional aquí no es negar la memoria; es exigir que una promesa de nacionalidad no se convierta en un colapso administrativo que deje a diplomáticos como diana digital y al Estado sin capacidad de control. Si Moncloa quiere legado, que ponga medios. Si no, la «ley de nietos» seguirá siendo un titular bonito con ventanilla rota.
El contraste con la memoria legislativa no es menor. Cuando el Gobierno de Zapatero aprobó la primera oleada de memoria histórica, la Administración se dio un año para montar ventanillas y fichas. Ahora, con una promesa más amplia de nacionalidad para nietos y una instrucción de Justicia que abrió aún más el abanico en 2022, la ADE sostiene que se improvisó sobre la marcha. En la práctica eso significa colas, demoras y un personal diplomático que sigue teniendo que sacar pasaportes y organizar el voto exterior mientras traga expedientes de nacionalidad a destajo.
Desde la derecha institucional el argumento es de Estado, no de nostalgia. Un censo hinchado o mal depurado no es un debate de salón: afecta a quién vota, a cómo se acredita el arraigo y a la credibilidad de las urnas fuera de España. El Senado del PP ya ha puesto la fiabilidad del censo en la agenda; el comunicado de la ADE añade el reverso humano del fallo: amenazas a funcionarios que solo aplican lo que manda Madrid. Si hay que endurecer controles o reforzar medios, que se diga con claridad. Lo que no cabe es vender reparación histórica y dejar la factura en la espalda del cónsul.