Pedro Sánchez ha descubierto de pronto el calendario. Tras meses de negar el adelanto, de hablar de estabilidad mientras España iba a golpe de prórroga presupuestaria y de vender cada derrota parlamentaria como ruido externo, el presidente convoca elecciones el 29 de noviembre. No es valentía. Es la fotografía de un Gobierno que ya no puede ni convalidar su propia agenda de vivienda y que prefiere cambiar de escenario antes de seguir perdiendo piezas a la vista de todos.
La narrativa oficial habla de “élites”, de “ola ultraderechista” y de una mayoría progresista insuficiente. Traducción: el problema nunca es el método de gobernar; el problema es que los demás no aplauden. Cuando se tumbaron los decretos de vivienda, no cayó solo un texto: cayó la ficción de que se podía sostener una legislatura entera sin aritmética real, sin Presupuestos nuevos y con socios a los que se les entregó capital político —amnistía incluida— a cambio de una lealtad que, llegado el momento, no estaba.
El balance que la derecha no debería suavizar es este: un Ejecutivo en minoría que ha normalizado la excepción, que ha convertido la supervivencia en programa y que llega al adelanto envuelto en una nube de casos y sospechas que el propio PSOE no ha logrado disipar con dimisiones creíbles ni con transparencia suficiente. Se puede (y se debe) respetar la presunción de inocencia en cada causa. Lo que no se puede es pretender que la acumulación de nombres, secretarios de Organización caídos y ruido judicial permanente sea un invento de tertulia. La responsabilidad política no espera a la sentencia firme para existir.
Sánchez se presenta otra vez como dique frente al abismo. Es su mejor producto electoral y también su trampa: si todo rival es extrema, cualquier crítica pasa por desestabilización. España no necesita un plebiscito sobre la biografía de un presidente. Necesita un Gobierno que apruebe cuentas, que no hipoteque la cohesión territorial a peajes imposibles de renovar cada viernes y que deje de usar la vivienda como eslogan de última hora cuando el Congreso ya ha dicho que no hay mayoría para ese paquete.
El 29-N puede ser muchas cosas. Lo que no debería ser es un premio a la erosión institucional disfrazada de épica. Si el proyecto sanchista estuviera fuerte, no disolvería las Cortes tras un batacazo de vivienda: gobernaría. Como no puede, pide las urnas. Que las urnas, al menos, sirvan para cerrar el ciclo de la improvisación permanente.