No hace falta una columna de opinión para entender el mapa: lo dibuja Bruselas con decimales. Hasta el 23 de septiembre de 2026, España lleva 299.501 hectáreas quemadas. Eso es el 44,1% de todo lo que ha ardido en la Unión Europea en el mismo tramo, según el sistema EFFIS de Copernicus. En Europa van 678.978 hectáreas. Casi la mitad de ese negro lo aporta un solo país: el nuestro.

El dato no es un titular de verano pasado de moda. Es un contador que sigue en marcha cuando el calendario ya apunta a otoño. Y llega con una precisión incómoda: España no es el país con más incendios contabilizados. Italia va por delante en número de fuegos (630 frente a 455 españoles). Francia suma 372. Aquí el problema no es solo “cuántas veces prende”. Es cuánto territorio se va cuando prende.

Julio dejó la factura más gruesa. El 5 de julio España ya arrastraba 50.750 hectáreas, más del doble que en la misma fecha de 2025. En Almería, el incendio de Los Gallardos se saldó con 13 víctimas mortales: uno de los fuegos más mortíferos de la historia reciente del país. A finales de mes, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo sumaron más de 77.000 hectáreas calcinadas. No es una anécdota de un valle. Es una franja del interior que se convierte en estadística europea.

Quien quiera consolarse mirando el año pasado encontrará un alivio frágil. En 2025, a 23 de septiembre, ya se habían quemado 390.084 hectáreas y el ejercicio cerró en 393.079, la peor cifra desde 1994. 2026, de momento, va por debajo de ese récord negro. Pero el 44% del total comunitario no es un “mejoramos”. Es un aviso de que el riesgo estructural —clima, monte, prevención, medios y ordenación del territorio— sigue sin estar resuelto.

La lectura de izquierdas no inventa un culpable mágico. Señala lo que el propio tablero europeo pone encima de la mesa: sin prevención seria, sin gestión forestal continua y sin red pública a la altura del calor extremo, el país se convierte en la caldera de la UE. Extinguir es heroico y necesario. Prevenir es política. Y los datos de EFFIS miden, con frialdad, qué parte de esa política no ha llegado a tiempo al monte.

El contraste con el debate público también duele. Mientras la agenda se pelea por el último clip del Congreso, el territorio pierde superficie viva a ritmo de informe comunitario. No hay “relato” que tape 300.000 hectáreas. Hay vecinos, ganado, agua, biodiversidad y un Estado que o trata el fuego como emergencia climática permanente o seguirá firmando cada septiembre el mismo parte de daños… con el sello de Europa encima.