España amanece con el titular cómodo: la Seguridad Social gana 92.327 afiliados en septiembre, hasta 22.437.553 cotizantes medios, el mayor alza de un mes de septiembre desde que hay series. La ministra Elma Saiz saca pecho: hubo días por encima de 22,5 millones y el 28 de septiembre tocó un máximo diario de 22.576.593 —“nunca ha habido tantas personas trabajando en España”. Hasta aquí, la nota de Moncloa. Luego llegan los matices que el eslogan no cabe en un tuit.
El primero es de aritmética, no de ideología. En el mismo mes, el paro registrado sube 23.587 personas y se coloca en 2.379.505. Sigue siendo, sí, el septiembre más bajo desde 2007 según los agregadores que citan Trabajo. Pero la foto simultánea —récord de altas y más cola en el SEPE— obliga a preguntar qué estamos midiendo exactamente cuando el Gobierno dice “empleo”.
El segundo matiz es demográfico y administrativo. De esas nuevas altas, 84.220 corresponden a trabajadores extranjeros. Es decir: en torno a nueve de cada diez incorporaciones del mes no nacieron aquí. El colectivo extranjero supera por primera vez los 3,6 millones (3.635.979) y pesa ya más del 16% de la fuerza laboral. Saiz lo celebra y apunta a la regularización extraordinaria como “pieza clave”. Los números de Inclusión lo confirman sin adorno: a 30 de septiembre había 421.306 afiliados procedentes de ese proceso, 83.389 más que a finales de agosto.
Colombia aporta 118.485 de esas altas regularizadas; Venezuela, 71.999. Casi la mitad entre ambos. El 77,4% entra en el Régimen General; un 5,4% lo hace como autónomo. Hombres, el 60,2%; mujeres, el 39,8%. Ninguno de estos datos es un ataque a quien regulariza su situación. Es un recordatorio contable: afiliar no siempre es crear un puesto de la nada. A menudo es aflorar a alguien que ya trabajaba en gris o que ahora puede firmar contrato y cotizar. Buena noticia para la caja. Mala base para vender “el mejor mercado laboral de la historia” como si cada alta fuera una fábrica nueva.
La desagregación sectorial termina de aterrizar el relato. La educación empuja al alza con la vuelta al cole —estacionalidad de manual—. El Régimen General suma 80.397; los autónomos, 14.229, hasta 3.483.645. En cambio, el comercio pierde 39.153 cotizantes; la hostelería, 19.570; la administración pública, 12.178. Madrid (+55.861) y Cataluña (+38.014) tiran del carro; Baleares (-11.326) y otras ocho comunidades bajan. Hay tejido que se enfría al final del verano mientras la estadística nacional se maquilla con el tirón de altas extranjeras y la regularización.
En términos desestacionalizados el ministerio anuncia +108.832 y 68 meses seguidos de subidas, hasta 22.480.796. El interanual original suma 739.888 afiliados (+3,41%). Son cifras robustas. Nadie serio niega que España arrastra un ciclo de ocupación alto y temporalidad más baja que en la década anterior. El punto liberal-conservador es otro: cuando el Gobierno confunde formalización migratoria con milagro productivo, la política pública se vuelve propaganda. Si nueve de cada diez altas del mes son extranjeras y más de 80.000 del salto mensual vienen del proceso de regularización, el debate honesto no es “¿hay cotizantes?” —los hay— sino “¿qué parte es empleo nuevo, qué parte es afloramiento y qué parte sostiene salarios y productividad?”.
El paro que sube en paralelo encaja en esa lectura. Personas que antes no existían en los ficheros pueden aparecer ahora como cotizantes… o como demandantes. Las dos estadísticas no miden lo mismo, y el propio proceso de regularización las mueve a la vez. Presentar solo la mitad brillante del cuadro es el truco habitual del poder: el récord en portada, la letra pequeña en la nota a pie.
Saiz tiene razón en un punto estrecho: nunca había tantas personas registradas trabajando en un día concreto de la serie. Tiene menos razón si de ahí se deduce que el modelo ya no necesita reformas de oferta, de vivienda asequible ligada al empleo, de formación o de control de la economía sumergida más allá del BOE de regularización. Un país puede batir marcas de afiliación y, al mismo tiempo, seguir con un SEPE que engorda 23.000 personas en un mes y con sectores del verano que se desinflan en cuanto cierran las terrazas.
La derecha económica no pide criminalizar al trabajador regularizado. Pide no emborracharse con el termómetro. 92.327 altas de septiembre son un dato; 421.306 regularizados acumulados son otro; 23.587 parados más son el tercero. Juntos cuentan una historia menos épica y más administrativa: España está metiendo en el sistema a mucha gente que ya estaba en la economía real, y eso mejora cotizaciones e indicadores. Bienvenido sea aflorar. Malvenido sea venderlo como si el tejido productivo hubiera inventado de golpe casi cien mil empleos netos de manual de campaña.