Sus votantes sí: el escudo antidesahucios parte por la mitad a PP, Vox y Junts

El Congreso tumba decretos. La calle se llena. Y entonces llega el sondeo y dice lo que nadie en Génova, Vox ni Waterloo quería leer en voz alta: una parte grande de su propio electorado apoya el escudo antidesahucios y el veto a los fondos buitre. No es un tuit de campaña. Es una encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es, con 1.500 entrevistas, actualizada este fin de semana.

Las cifras son toscas y difíciles de maquillar. El 55% de quienes votaron al PP, el 53% de Vox y el 70% de Junts respaldan proteger hasta 2030 a las personas vulnerables sin alternativa habitacional frente a desahucios. En el conjunto de la ciudadanía el apoyo sube al 70%. Entre votantes del PSOE y Sumar se dispara al 85% y al 86%. Traducción para el metro: el “no” parlamentario del viernes no habla el mismo idioma que una parte muy concreta de las bases.

Todavía más claro es el veto a que grandes fondos compren vivienda para especular hasta 2028. Lo apoya el 75% del total, el 62% del PP, el 57% de Vox y el 76% de Junts. En la izquierda, 89% PSOE y 95% Sumar. Aquí no hay debate de matices técnicos: hay un rechazo transversal a que el ladrillo se convierta en chip de casino para capital global mientras la gente paga alquileres que no caben en la nómina.

Donde se rompe el consenso es en las prórrogas y en la renovación automática de contratos. El 61% del total ve bien prorrogar dos años los alquileres que venzan antes de finales de 2028; el 59% respalda renovaciones automáticas. Pero entre votantes del PP la renovación automática solo convence al 40% y la rechaza el 52%. En Vox el apoyo a renovar de por vida se queda en el 49%. Junts, con la cautela de una muestra pequeña (solo 30 entrevistas y más margen de error), aparece más favorable a prórrogas (64%) y renovaciones (55%). Eso importa: el partido que apretó el cuello al Gobierno en el hemiciclo no necesariamente arrastra a toda su base en la letra pequeña del alquiler.

La paradoja política es de manual. Medida a medida, hay apoyos. Pregunta global: casi nadie aplaude la respuesta del Ejecutivo. No porque se haya pasado de frenada, sino porque se queda corta. Así lo dicen el 60% de votantes del PP, el 59% de Vox, el 58% del PSOE y el 80% de Sumar. Al mismo tiempo, el 53% señala al Gobierno de España como principal responsable de la crisis de vivienda. Castigo doble: poco y tarde, y además culpable.

Hay un tercer dato que enfría cualquier euforia de Moncloa. Solo el 22,8% afirma que la vivienda condicionará su voto. La gente puede querer escudo antidesahucios y, aun así, seguir votando por identidad, miedo o inercia. Eso no borra el mensaje del sondeo: PP, Vox y Junts han votado en contra de protecciones que una mayoría —incluida buena parte de su electorado— considera razonables. En paralelo, un Ipsos para La Vanguardia en Catalunya refuerza el clima: el 45% prefiere regular precios y solo el 12% confía en “dejar actuar al mercado”.

La lectura de izquierda no necesita inventar traiciones secretas. Basta con el contraste. El viernes, el hemiciclo blindó el “no” de la derecha y de Junts. El fin de semana, la calle pidió huelga y techo. Y el sondeo dibuja un electorado que, en lo básico —no echar a quien no tiene dónde ir, no regalar el parque a fondos—, se parece más a la plaza que al escaño. Si hay adelanto electoral, esta grieta no es un detalle de encuesta: es material inflamable.