No es un debate de hemeroteca. Es un control de tráfico en Eskoriatza, un fichero sensible sobre guardias civiles y dos detenciones por presuntos delitos de terrorismo que la Ertzaintza ha cerrado el nudo con la Audiencia Nacional. El relato oficial no necesita adornos: la amenaza residual, cuando reaparece, lo hace con nombres de agentes encima de la mesa.
El sábado 17 de octubre, un hombre de 34 años y una mujer de 22 se personaron con abogado en la comisaría de Irun y resultaron detenidos. No fue un golpe cinematográfico a las 5 de la madrugada: fue el final de una investigación abierta tras un control del 26 de septiembre en Escoriaza/Eskoriatza (Gipuzkoa). Allí, según el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la Ertzaintza identificó a tres personas con antecedentes relevantes que portaban material “muy sensible”.
¿Qué es “muy sensible” en este contexto? Información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad y la posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos. Fuentes consultadas por ABC precisan que la información se refería a guardias civiles destinados en el País Vasco. La Voz de Galicia, con COLPISA, añade otro dato del control: viajaban junto a un ciudadano irlandés vinculado a grupos de disidentes del IRA. Son piezas de un puzzle judicial, no una novela cerrada.
La investigación no se ha quedado en la comisaría local. La Ertzaintza contactó con la Audiencia Nacional al considerar que los hechos podían ser constitutivos de un presunto delito de terrorismo. La Oficina Central de Inteligencia de la policía vasca ha empujado el caso. Tras toma de declaración y diligencias, los dos detenidos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional “a la mayor brevedad”. La investigación, avisan, continúa.
Las mismas fuentes de ABC sitúan a los detenidos en la órbita de Jardun Koordinadora, un reducto proetarra al que atribuyen cerca de 200 miembros. Y aquí hay un matiz que no se debe torcer ni suavizar en exceso: esas fuentes advierten que no tendrían capacidad real para acciones terroristas al estilo clásico, pero sí para acciones “más agresivas” de reivindicación. En cristiano: no hace falta recrear el mapa de los 80 para entender que un fichero de agentes no es panfletismo de plaza.
El Mundo traza el perfil del entorno. Jardun nace en 2020 y reúne, según ese reportaje, a los más radicales del entorno juvenil soberanista. La Ertzaintza le atribuye episodios de violencia callejera —disturbios en Vitoria, agresiones a seguidores de La Roja— en el relato de ese medio. Una fuente policial citada allí lo resume sin poesía: los militantes de Jardun “no son los más numerosos pero sí los más peligrosos”.
Conviene dibujar el perímetro legal con regla. Son detenidos e investigados por presuntos delitos. No hay en las fuentes abiertas nombres públicos de los arrestados ni sentencia. No hay, en lo publicado, un arsenal localizado y inventariado como hecho probado: hay una posible localización y material “presumiblemente” peligroso. Quien convierta la nota policial en condena anticipada hace el mismo truco que critica cuando lo hace el bando contrario.
Pero la política no vive solo de matices procesales. Vivimos un ciclo electoral hacia el 29-N en el que la seguridad vuelve al centro del relato de la derecha, y no por capricho de tertulia. Cuando la policía autonómica vasca y la Audiencia Nacional alinean una investigación por terrorismo con datos de guardias civiles, el mensaje institucional es que la disidencia violenta no es un recuerdo de museo. Es un riesgo gestionable… si se gestiona.
Hay tentación, en ciertos discursos, de diluir estos casos en la niebla de “estigmatizar al País Vasco” o de mezclar a toda la izquierda abertzale con dos detenidos. Eso también es trampa. El brief factual no autoriza a colgarle el muerto a Bildu ni a un censo entero. Autoriza a decir otra cosa, más incómoda y más útil: existen reductos radicales, la policía vasca los vigila, y cuando aparecen listados de agentes el Estado no puede mirar a otro lado.
La derecha puede leer este episodio como recordatorio de una verdad básica de orden público: la derrota de ETA no es un indulto permanente a la cultura de la violencia ni a la logística de la intimidación. La izquierda responsable debería poder leer lo mismo sin caer en el relativismo. Porque si el debate se reduce a “exageráis” frente a “todo es ETA”, ganan los que viven del ruido y pierden los que necesitan hechos.
De momento, los hechos son estos: control en Eskoriatza, material sensible, investigación con la Audiencia Nacional, detenciones en Irun, órbita de Jardun según fuentes policiales, y un proceso judicial en marcha. No hace falta inventar un atentado para entender la gravedad de un fichero de guardias civiles. Basta con no olvidar para qué servían esos listados cuando España aún los pagaba en sangre.