El Congreso ya no discute solo si un bote cabe en el Reglamento. Discute si una diputada de la oposición puede señalar con un objeto incómodo lo que el Gobierno minimiza en Ceuta… y acabar con un expediente encima de la mesa. Este martes, la Mesa del Congreso abrió un procedimiento sancionador contra Ana Belén Vázquez (PP). Votaron a favor la mayoría progresista —PSOE y Sumar—; en contra, el Partido Popular.
Los hechos del 23 de septiembre están acotados. En la sesión de control, Vázquez mostró un spray de gas pimienta al preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la inseguridad en Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. La presidenta Francina Armengol la obligó a abandonar el hemiciclo y a entregar el bote a la Policía, invocando que se trata de un arma. La diputada salió indignada y dijo que el envase estaba vacío. Minutos después, el relato se complicó: un asesor del grupo popular al que se le había entregado el bote lo manipuló en baños de un edificio de ampliación «para limpiarlo», lo pulsó dos o tres veces y provocó el cierre de zonas, picor, olores y atención médica.
Según el informe de Recursos Humanos de la Cámara recogido por medios, el gabinete médico atendió a doce personas que podrían haberse visto afectadas. Otras crónicas hablan de una veintena de afectados en el conjunto de la jornada, de al menos una baja médica y de una denuncia en la comisaría del Congreso. La concesionaria de restauración cifró en unos 800 euros la comida desechada al clausurar la cocina. Nada de eso es menor. Y el PP, por boca de Ester Muñoz, lo ha reconocido sin ambages: manipular el bote fue un «error» y el vaciado en los baños estuvo «mal».
Hasta aquí, el chapuzón de un asesor y un fallo de protocolo. Lo que eleva el caso a política de altura es el artículo 101 del Reglamento: portar armas en el recinto puede abrir la vía a suspensión temporal de la condición de diputado, con alegaciones, instrucción y, en su caso, decisión del Pleno en sesión secreta. La sanción, si llega, puede ir del apercibimiento a días sin escaño —y sin sueldo—. Presidencia insiste en que un hecho grave no puede quedar en anécdota. La Policía, por su parte, investiga la manipulación del trabajador; el expediente parlamentario se centra en la diputada.
Hay una zona gris que la mayoría de la Mesa prefiere no iluminar del todo. El Reglamento de Armas y la interpretación de la Cámara tratan el spray como arma; la defensa personal cotidiana de miles de mujeres —el argumento que esgrime el PP cuando dice que «millones de españolas» llevan gas pimienta— choca con la liturgia del hemiciclo. Se puede debatir si el gesto fue torpe, teatral o inadecuado en un pleno. Es más difícil sostener que el único problema de España el 23 de septiembre era un bote en la bancada azul y no la frontera de Ceuta.
Porque ese era el mensaje de Vázquez, y el que Muñoz ha reiterado: visibilizar que en la ciudad autónoma hay mujeres y menores que viven con miedo mientras el Gobierno habla de exageración. El error posterior del asesor no borra esa denuncia; la ensucia, sí, y obliga a disculpas. Convertir el ensucie en única lectura es otra operación: desplazar el foco de la frontera al baño, del control migratorio al expediente, de Marlaska a la diputada.
Desde la mesa de derecha el martes se lee así. La disciplina parlamentaria existe y el PP no puede negar el desastre del spray en los aseos. Pero una Cámara que sanciona con celeridad el gesto de la oposición mientras la crisis de Ceuta sigue en los telediarios envía un aviso político: el Reglamento se aplica con más ganas cuando molesta al banco azul. El expediente acaba de empezar. Vázquez alegará. La Mesa propondrá o no. El Pleno, si llega el caso, votará en secreto. Mientras tanto, el debate de fondo —seguridad, frontera y doble rasero— no se archiva con un sello de la Secretaría General.