En el Palau de Congressos de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo no ha venido solo a presentar a Xavier García Albiol como candidato por Barcelona. Le ha encargado el trabajo sucio de la legislatura que sueña ganar el 29-N: ser ponente de una nueva ley antiocupaciones. “Serás el ponente de la ley, la vamos a aprobar contigo”, le ha soltado en el primer gran mitin del alcalde de Badalona en esta carrera.

El mensaje es de manual de orden y de pelea por el electorado que hoy miran también Vox y Junts. Feijóo ha prometido “tolerancia cero” con ocupaciones, delincuencia y multirreincidencia, y ha clavado la frase que quiere que se repita en los bares: no es normal que te ocupen la casa y tengas que esperar para recuperarla, y no es normal —dice— que Catalunya lidere las cifras de ocupaciones y de delincuencia en España. Es el marco de la derecha clásica: seguridad jurídica del propietario, rapidez judicial y castigo al que vive del atraco al Código Penal.

La promesa no nace de la nada. En la pasada legislatura, PP, Junts y Vox registraron iniciativas para endurecer el Código Penal y acelerar el desalojo de ocupas. No cuajaron. Míriam Nogueras se lo ha recordado al líder popular: la norma, según Junts, lleva tres años registrada en el Congreso y bloqueada. Feijóo responde con el atajo electoral: si gobiernan, Albiol la empuja y la sacan. El contraste es deliberado —Badalona frente a Barcelona, Albiol frente a Ada Colau— y resume la oferta popular en Catalunya: elegir “modelo”.

“Que tengan cuidado los ocupas, los jetas, los delincuentes, los corruptos y el clan de Sánchez, que viene el PP”, ha redondeado Feijóo. Es precampaña en estado puro: mete en el mismo saco la ocupación ilegal, la delincuencia callejera y el relato anticorrupción contra el PSOE. A la izquierda le sonará a criminalización de la pobreza y a confusión interesada entre okupa ideológico, mafias de ocupación y impagos de alquiler. A la derecha le suena a lo que muchos vecinos piden cuando tardan meses en recuperar un piso.

Albiol ha aceptado el traje sin disimulo. Dice que no va a Madrid a calentar la silla, sino a poner voz a “problemas reales” de Barcelona y Catalunya, y que en mayo volverá a presentarse en Badalona para revalidar la alcaldía. Alejandro Fernández ha reforzado el relato: el candidato no necesita prometer seguridad porque, como alcalde, ya ha metido mano. El PP catalán vende gestión dura frente al relato de la izquierda metropolitana.

Feijóo ha mezclado el plato fuerte con otros dardos de domingo. Ha ironizado con la dimisión de Montse Mínguez —“han hecho dimitir a su portavoz por ser una hipócrita”— y ha prometido que los españoles no pagarán “ni un euro más de impuestos de lo que necesita un gobierno decente”, contra lo que llama asfixiar a la clase media. También ha denunciado que el PSOE envía correos usando su nombre con un catálogo de recortes (sanidad, pensiones, despido) y solo al final aclara la autoría socialista. Es una acusación de campaña: la reportamos como denuncia del candidato, no como hecho juzgado.

El cálculo aritmético tampoco se esconde. Feijóo recuerda que en 2023 al PP le faltaron escaños —dos de ellos se le escaparon en Catalunya por cientos de votos en Lleida y Girona— para gobernar. Por eso Albiol no es solo un fichaje simbólico: es la herramienta para pescar voto transversal, hablar de ocupación en el idioma de Badalona y disputar a Vox y Junts la bandera del orden sin dejar que el 29-N se le vaya otra vez por decenas de papeletas.

Queda lo de siempre tras un mitin: convertir el grito en articulado. Endurecer el Penal y acortar plazos de desalojo es popular en un electorado asustado; también exige no mezclar en la letra pequeña al insolvente con la banda organizada. De momento, el PP ha elegido el atajo político: Albiol de ponente, tolerancia cero de eslogan y Catalunya como campo de pruebas de la ley antiocupación que prometen para el día después del 29-N.