Hay gestos que delatan el gobierno que uno imagina. Alberto Núñez Feijóo lleva años repitiendo que es «partidario de los sindicatos». Esta semana el guion ha cambiado de temperatura: menos mesa y más distancia. Según la reconstrucción de El Confidencial, en Génova se asume que, si el PP entra en Moncloa —y más aún si lo hace de la mano de Vox—, «arderán las calles» y habrá que estar preparados para resistir.
La mecha tiene fecha: la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre, convocada por CCOO y UGT en plena precampaña del 29-N. Feijóo no niega haber hablado con mandos sindicales; niega, o al menos aparca, la interlocución con los secretarios generales. El mensaje a periodistas tras la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real fue claro en la forma y duro en el fondo: la convocatoria «socava» la legitimidad sindical porque, a su juicio, no hubo movilizaciones parecidas durante el mandato de Sánchez.
Traducción sin eufemismos: si la calle se mueve ahora, no es conflicto laboral, es trampa electoral. Ese marco interesa al PP. Convierte el derecho de huelga en accesorios de campaña y presenta a Pepe Álvarez y Unai Sordo como correas de transmisión del Gobierno. María Jesús Montero ha dicho, desde el otro lado, que la huelga se convoca «contra la oposición» por tumbar decretos de vivienda. Dos relatos, una misma pelea: quién manda sobre el malestar social a un mes de las urnas.
No es solo enfado de corrillo. En el entorno de Feijóo se describe la huelga como anticipo. No como incidente. Si Génova cree que el 11-N es el ensayo general de lo que vendrá con un Ejecutivo popular —con o sin Vox—, entonces la estrategia ya no es recomponer puentes: es endurecer el casco. Hablar de calles que arden no es un análisis sociológico inocente. Es una forma de naturalizar el choque y de avisar a los suyos de que el coste de gobernar incluirá conflicto abierto con el sindicalismo confederal.
El contexto territorial no ayuda a la versión amable. En Castilla y León, PP y Vox han retomado la vía de recortar recursos a los sindicatos, con el objetivo declarado de llegar hasta el 50%. Da igual cómo se maquille: cuando en una comunidad se recorta el músculo orgánico de CCOO y UGT y en Madrid se prepara el relato de la huelga «política», el mensaje al conjunto del país es coherente. Primero se debilita la interlocución. Después se denuncia que ya no hay interlocutores fiables.
Feijóo quiere aparecer como el adulto de la sala. El que fue a un congreso de UGT, el que invitó a Álvarez a su propia coronación orgánica, el que prometía respeto institucional. Esa biografía existe. También existe la otra foto: contactos más escasos, acusaciones de huelga preventiva y una cúpula que ya calcula el precio de una coalición con la derecha dura. Si el PP necesita a Vox para sumar, el margen para el diálogo social se estrecha. Y si no lo necesita, igual le conviene llegar con el relato de que los sindicatos «se lo han buscado».
Hay un detalle que la izquierda no debería regalar: la última gran huelga general conjunta de CCOO y UGT a escala nacional se remonta, según ese mismo relato, a la etapa de Rajoy. Catorce años después, el paro vuelve ligado a la vivienda, no a un recorte de decreto clásico. Eso puede movilizar… o puede dividir. Pero lo relevante para el 29-N no es solo la afluencia del 11-N. Es qué hace el probable gobierno alternativo con esa energía: negociar, criminalizar o aguantar el chaparrón mientras recorta por la puerta de atrás.
Feijóo dice que siempre ha sido partidario de los sindicatos. Génova dice, en privado y ya casi en público, que las calles arderán. Las dos frases no pueden ser verdad al mismo tiempo con la misma intensidad. Una habla de pacto. La otra, de trinchera. Y en precampaña, cuando alguien ensaya la trinchera antes incluso de ganar, conviene tomarle la palabra.