No hace falta un BOE para oler el cambio de chip. Basta un salón de empresarios en Terrassa. Ante la patronal Cecot, Alberto Núñez Feijóo soltó el anuncio que lleva años en la lista de deseos del capital laboral: si gobierna, las mutuas podrán dar el alta en «determinadas patologías». No en un accidente de obra. En bajas de enfermedad común. Las de gripe larga, ansiedad, espalda o lo que el cuerpo diga cuando el médico de cabecera todavía no ha firmado el regreso.
Hoy el reparto es claro y por eso duele el anuncio. En contingencias profesionales —accidente de trabajo o enfermedad ligada al puesto— las mutuas ya mandan sobre baja y alta. En contingencias comunes, pueden vigilar, proponer y empujar. La última palabra, sin embargo, sigue en la sanidad pública o en la inspección del sistema. Feijóo quiere romper ese candado. «¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí», dijo. Y se quedó tan ancho, sin lista de patologías, sin procedimiento de recurso y sin explicar quién defiende al trabajador cuando la entidad que paga mira el reloj de la empresa.
El paquete venía con más carne de control: más médicos evaluadores, más papel para las mutuas, más pruebas diagnósticas en su mano. El eslogan de fondo no es técnico; es moral. Habla de «perseguir el fraude», cifra el absentismo en 30.000 millones —dato que suelta él, no un balance oficial contrastado aquí— y lanza la frase de campaña que enciende la mecha: que un 30% o un 40% del esfuerzo de «un conjunto de españoles» vaya a financiar a quienes, «pudiendo, no quieren trabajar». Traducción de metro: si estás de baja, empieza bajo sospecha. Luego matiza lo de los enfermos graves y el 100% del sueldo. El truco retórico es viejo: proteger al «bueno» para poder apretar al resto.
En Sanidad no se lo tomaron como un detalle de gestión. El secretario de Estado Javier Padilla lo llamó un «ataque» a los trabajadores «de primerísima magnitud» y recordó lo obvio clínico: la incapacidad temporal nace en un contexto médico y el liderazgo tiene que ser del médico prescriptor público. Pidió disculpas al líder del PP por apuntar, de rebote, a quienes hoy son los únicos que pueden emitir el parte por contingencias comunes. La ministra Mónica García fue más seca: baja y alta son actos médicos, «exclusivamente» médicos; lo de Feijóo, «una nueva barbaridad». Elma Saiz, desde Seguridad Social, cerró el círculo: «Estar enfermo no es hacer trampas. La mutua no decide si estás curado».
Hay un matiz que conviene no mezclar. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 2023 ya abrió la puerta a que las mutuas colaboren en pruebas y rehabilitaciones traumatológicas, con consentimiento y sin quitar el alta al sistema público. Hay convenios en cinco comunidades. Eso no es lo mismo que entregar el bolígrafo del alta a una entidad gestionada por asociaciones de empresarios. Ceder el alta no es «agilizar»; es cambiar quién decide cuándo duele de verdad y cuándo «ya puedes volver».
Feijóo no ha legislado nada todavía. Ha hecho algo más barato y más político: colocar la baja en el banquillo y ofrecer a la patronal el juez de instrucción. Si el PP llega a Moncloa y convierte el aplauso de Terrassa en norma, el mensaje cotidiano será brutal: tu recuperación no la cierra solo tu médico; la cierra también quien tiene incentivos para que vuelvas antes. Y eso, aunque se venda como lucha contra el fraude, huele a desconfianza estructural hacia quien enferma.