Europa ya habló en julio. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas, va a insistir otra vez en lo mismo: aplicar ya la amnistía a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República procesados por terrorismo. No es un capricho de campaña. Es el mismo ministerio público que en 2023 pidió entre ocho y 27 años de cárcel y que, tras la ley de amnistía, cambió el paso y pidió archivar. El nudo ahora no está en Bruselas: está en la dilación española.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló en julio de 2026 que la directiva antiterrorista de 2017 no se opone a una amnistía nacional pensada para bajar la tensión política, siempre que los hechos no hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. Esa es, precisamente, la lectura que la Fiscalía defiende desde que pidió el perdón: hechos graves en el relato acusatorio, sí; pero no el umbral de exclusiones que la propia ley y Luxemburgo marcan con claridad.
Diez días más de trámite después de casi tres meses
La causa quedó colgada en septiembre de 2024, cuando la Sala de lo Penal elevó una cuestión prejudicial. Argumentó posible choque con el derecho europeo y un mensaje de futuro sobre el perdón de delitos de terrorismo ligados a intereses políticos. El TJUE desmontó esa tesis en lo esencial. Pese a ello, a finales de septiembre de 2026 la Audiencia levantó la suspensión y abrió un plazo común de diez días para que Fiscalía y partes aleguen “exclusivamente” sobre el alcance del fallo europeo antes de resolver el previo de amnistía.
Alerta Solidària lo resumió sin diplomacia: pelota adelante. Habían pedido celeridad tras Luxemburgo; el tribunal responde con otra ronda de escritos. En términos procesales puede defenderse la contradicción. En términos políticos, en plena cuenta atrás del 29-N, suena a resistencia por otras vías: no negar de frente el aval europeo, sino estirar el reloj.
Qué está en juego y qué no
Conviene no mezclar cajones. Esto no es la pelea del Tribunal Constitucional sobre malversación y Puigdemont, aunque comparta el paraguas de la amnistía. Aquí hay doce procesados, una acusación de pertenencia a organización terrorista y, para ocho, fabricación de explosivos y estragos en grado de tentativa. No hay condena firme que cerrar en este texto; hay una causa viva y una medida de gracia ya validada en clave europea para este tipo de supuestos, siempre con el filtro de gravedad que el TJUE deja a los jueces nacionales.
La izquierda independentista y buena parte del espacio progresista leen el retraso como una forma de seguir criminalizando el ciclo del procés cuando el legislador y Europa han dicho otra cosa. La derecha insiste en el relato de impunidad. Ambas lecturas pelean por el marco. El dato duro es más seco: con el TJUE encima de la mesa, cada semana extra sin decisión convierte un aval jurídico en un calvario personal y en munición electoral.
Reconciliación o guerra judicial eterna
La amnistía no borra la historia ni obliga a nadie a fingir que 2017 fue un picnic. Hace otra cosa: saca del código penal un bloque de hechos para abrir un escenario político distinto. Si la Fiscalía vuelve a pedir aplicación y la Audiencia sigue pidiendo papeles, el mensaje que llega a la calle es simple. Europa desbloqueó; parte de la judicatura española prefiere el freno de mano.
Quien quiera pelear la ley, que la cambie en el Congreso. Quien quiera pelear la calificación de los hechos, que lo haga con prueba y sentencia. Lo que no cuela es vender como “prudencia técnica” un bucle de plazos cuando el tribunal europeo ya respondió a la duda que la propia Sala formuló. En precampaña, ese bucle no es neutral: castiga a los procesados y alimenta la idea de que hay dos velocidades de justicia según el cartel del sumario.