La investigación ya no se queda solo en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Europea ha preguntado a la UCO si en el caso de Leire Díez hay indicios de que pudieran estar afectados fondos de la Unión Europea. El juez Santiago Pedraz, que instruye la causa, ha respondido por providencia que cualquier petición de información debe dirigirse directamente al juzgado. Traducción llana: Luxemburgo ha llamado a la puerta y el expediente español ya no es un asunto solo doméstico.

El hilo que dispara la alerta europea es concreto. Según la información publicada este jueves, el PSOE pagó a Crónica Libre —medio vinculado a Díez— una campaña publicitaria ligada a las europeas de 2024. La factura ejecutada ronda los 14.980 euros netos, 18.125,80 con IVA, vehiculada a través de la agencia IKI Media Solutions. Testigos recogidos por la UCO hablan de un encargo inicial en el entorno de los 20.000 euros y de un gasto que, a su juicio, no se sostiene por audiencia real del medio.

Una de las declaraciones más gráficas es la de la periodista Nuria Coronado: relata que, al intentar publicar un texto crítico con la Ley Trans, le dijeron que el medio había recibido dinero del PSOE para la campaña europea de Teresa Ribera y que aquello no se podía publicar. No es un tuit. Es un testimonio en el informe policial que ya alimenta el expediente. Otra responsable de la agencia sitúa la asignación inicial en 20.000 euros e incluso un posible incremento de 5.000.

Hay que separar capas. Que la Fiscalía Europea pregunte no prueba, por sí sola, un desvío de fondos comunitarios. Que exista un pago de campaña a un medio próximo a una imputada no equivale a condena. Pero el marco político es demoledor para el relato de normalidad del partido en el Gobierno: la misma trama que la investigación sitúa en intentos de embarrar causas judiciales contra el PSOE —con el nombre de Santos Cerdán en el relato mediático del caso— ahora salpica la pregunta europea sobre el dinero de la UE.

Desde la derecha liberal-conservadora la lectura es simple y dura: si un partido usa publicidad opaca o desproporcionada para engrasar una red de influencia, el problema no es “periodismo amigo”. Es captura del tablero. Y si además hay indicios suficientes para que la Fiscalía Europea pregunte por fondos comunitarios, el listón ya no lo marca solo Ferraz: lo marca Bruselas y el juez Pedraz.

Lo que toca ahora no es un juicio paralelo en redes. Es dejar que la UCO, el juzgado y, si procede, la Fiscalía Europea respondan con papeles. Pero el país ya tiene el dato que importa en portada: el caso Leire Díez ha dejado de ser solo un escándalo de cloacas internas. Tiene factura, tiene campaña europea y tiene una pregunta escrita desde Luxemburgo.