Hay una frase que resume la pelea institucional del 29-N mejor que mil eslóganes: el real decreto-ley no es el modo normal de hacer leyes. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, lo ha dicho este jueves en la I Cumbre de Asuntos Públicos en Madrid, según Europa Press. Y ha añadido la promesa de campaña que Génova quiere clavar en el debate: si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa, se limitará el uso de esa herramienta tras lo que el PP califica de uso recurrente por el Gobierno de Pedro Sánchez.
«El real decreto ley se ha instalado como un mecanismo de normalidad y no lo es», ha afirmado Gamarra. No es un matiz de manual. Es la denuncia de que una vía pensada para la urgencia se ha convertido en el carril rápido del BOE. «El Real Decreto-Ley no puede ser ni va a ser el sistema habitual», ha abundado, al anunciar una reforma del funcionamiento del Parlamento para devolver protagonismo legislativo a las Cortes.
Qué dice la Constitución y qué denuncia el PP
El artículo 86 de la Constitución reserva el decreto-ley a casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Después, el Congreso debe debatir y votar en 30 días si lo convalida o lo deroga. Ese es el diseño: excepción, control parlamentario, no fábrica diaria de normas. El PP lleva meses acusando al Ejecutivo de abuso de esa figura. Como ejemplo reciente, Gamarra y su partido señalan los decretos de vivienda reaprobados el martes por el Consejo de Ministros —tras haber sido tumbados en el Pleno— y que el Gobierno llevará a la Diputación Permanente con las Cortes disueltas.
Desde el marco liberal-conservador, el problema no es solo el contenido de cada paquete. Es el método. Cuando el Gobierno legisla por atajo y el Parlamento pasa a ser una sala de convalidaciones o vetos de última hora, la deliberación se sustituye por el reloj del BOE. Y cuando ese reloj coincide con precampaña, la sospecha de instrumentalización crece. Gamarra no ha presentado hoy un articulado cerrado de reforma: ha fijado un compromiso político. Conviene no convertirlo en ley ya aprobada. Sí en señal de programa.
Más allá del decreto: presupuestos, lobbies y «muro»
El discurso de regeneración no se quedó en el artículo 86. Gamarra defendió una «profunda regeneración» y una «profunda reconstrucción» de España si el PP llega a Moncloa. Cargó contra el hecho de incumplir la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado sin consecuencias: «No puede ser que tú incumplas una obligación constitucional como es la presentación de los presupuestos generales del Estado y no pase nada». Planteó reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para distinguir ordenar la actividad parlamentaria de bloquearla.
También comprometió un registro de grupos de interés «público, gratuito y obligatorio», con supervisión y régimen sancionador en manos de «una autoridad absolutamente independiente», frente a un control que, a su juicio, no puede depender de una oficina de conflictos de intereses «dependiente directamente de Presidencia del gobierno». Y reivindicó recuperar el diálogo Gobierno-oposición en defensa, seguridad y política exterior, «sustituir ese muro» por una España de convivencia. Cerró vinculando la agenda de corrupción del Ejecutivo con la pérdida de confianza institucional: «Los problemas del Gobierno desde el punto de vista de la corrupción han suplantado todo».
Por qué importa en el 29-N
La pelea no es estética. Un país que gobierna a golpe de decreto-ley debilita el Congreso, acorta el debate y concentra poder en el Consejo de Ministros. Un país que recupera la ley ordinaria obliga a negociar, a contar votos y a explicar el texto antes de publicarlo. Eso no garantiza buenos resultados —ni impide la urgencia real cuando toque—, pero sí devuelve el centro de gravedad al hemiciclo.
Gamarra ha puesto el listón: con Feijóo, el decreto-ley deja de ser el sistema habitual. El electorado decidirá el 29-N si cree esa promesa y si premia o castiga el balance de Sánchez. Mientras tanto, el aviso de Génova es nítido y verificable en su formulación de hoy: menos atajos del BOE, más Parlamento, más reglas para quien influye y menos muro entre bloques. Eso, en una democracia cansada de bronca y de normas exprés, no es un detalle de despacho. Es el núcleo de la regeneración que el PP quiere vender como alternativa.