La precampaña del 29-N también se escribe en la nómina. Este jueves, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado contra el Gobierno por preparar otra subida del salario mínimo interprofesional (SMI) con las urnas a la vista. Lo ha llamado «increíble»: usar el poder del BOE en «plena campaña electoral» para mover el SMI «de una manera que nosotros no entendemos».
No es un detalle técnico de mesa tripartita. Es el choque clásico de octubre electoral: Moncloa y Trabajo quieren foto de mejora salarial; la patronal habla de timing, costes y contratos públicos congelados. En medio, el bolsillo de quien cobra el mínimo y la cuenta de resultados de quien lo paga.
«Expertos» y 7% sindical
Garamendi ha soltado la pulla en el acto del 25 aniversario de Aspel, la patronal de la limpieza, en la sede de la CEOE. Según Europa Press, ha dicho que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha convocado a «lo que ella denomina los expertos en el salario mínimo, porque no han tenido un empleo en su vida». La frase es gruesa y deliberada: niega autoridad moral al informe que alimentará la propuesta de subida.
Ha añadido que los sindicatos piden un alza del 7% y la «famosa absorción», y que al empresariado se le pide «hacer la labor pública pero desde lo privado» sin poder revisar precios en contratos públicos ni prórrogas de mutuo acuerdo. En la versión de EFE, insiste en que no sabe «muy bien quiénes son» esos expertos y que la patronal seguirá reclamando una solución «con este y el siguiente Gobierno».
El IRPF que no se deflacta
El relato de Garamendi no se queda en el SMI. Rechaza que se culpe a los empresarios de que los salarios no suban y recuerda su cifra fetiche: el Estado se habría quedado con 17.000 millones por no deflactar el IRPF, dinero que —dice— debería estar «en los bolsillos de los trabajadores». También se queja de que, pese a la caída de impuestos energéticos, «el Estado ha recaudado más», y de que la mesa del acuerdo nacional de convenios siga parada porque, según él, los sindicatos «no han querido sentarse».
En el mismo foro ha señalado el absentismo como gran preocupación empresarial y ha hablado de vacantes en hostelería: «no hay gente». Es el pack completo de la CEOE en vísperas electorales: SMI, contratos públicos, fiscalidad y absentismo. Da igual el color del Gobierno; el mensaje es que el reloj laboral no puede ir solo a golpe de decreto de campaña.
El PP mira al salario medio; el PSOE, a la persiana
En el debate posterior, el popular José Vicente Marí Bosó ha pedido alejarse del «triunfalismo» gubernamental, tocar la ley de desindexación y de contratos, y mirar más al salario medio —con la meta retórica de 50.000 euros en años venideros— que al mínimo. El socialista Alberto Mayoral ha respondido por otro flanco: sin población migrante, ¿levantarían las empresas la persiana cada día? Y ha recordado las horas extra no pagadas frente al mantra del absentismo.
Lo que importa de fondo, más allá del rifirrafe, es el calendario. Ya hubo actualización del SMI en febrero; otra en el mismo año, con Cortes disueltas y 29-N en el horizonte, huele a pelea de relato. Garamendi lo llama tinte electoral. Trabajo lo venderá como dignidad del trabajo. Los hechos de hoy son más modestos y más sólidos: la patronal ha marcado territorio en público, ha cuestionado el panel de expertos y ha puesto negro sobre blanco el choque entre subida del mínimo y contratos públicos sin revisión de precios.
Quien gane el 29-N heredará la misma ecuación. Subir el suelo salarial sin arreglar la fórmula de los contratos del Estado es dejar a media España con el sueldo al día y a la otra con la licitación atascada. Eso no se arregla con un eslogan. Se arregla —o se rompe— en el BOE y en la mesa de diálogo, no solo en el mitin.