Si una comisión de investigación del Senado pide luz y Hacienda apaga el interruptor, el mensaje es claro: el control parlamentario llega hasta donde el Gobierno deja mirar. Y esta semana el cajón se ha cerrado con pestillo.
Según Libre Mercado, el grupo del PP en la Comisión de Investigación sobre la SEPI —con Alicia García al frente de la petición— reclamó al Ministerio de Hacienda la información tributaria y patrimonial de José Luis Rodríguez Zapatero. La respuesta, un escrito de cinco páginas al que ha tenido acceso el medio, es negativa: los datos son “confidenciales” y “reservados”. No se cumplen, dice el Departamento, los requisitos para facilitar esa información a la comisión.
La letra pequeña del secreto tributario
La Constitución y la Ley General Tributaria de 2003 contemplan una excepción al deber de reserva cuando se trata de colaborar con comisiones parlamentarias de investigación. El reportaje resume tres supuestos: que la persona haya desempeñado un cargo público; que el objeto de la investigación se relacione con ese cargo; y que la comisión entienda que sin esos datos no puede cumplir su función.
Hacienda admite el primero —Zapatero fue presidente del Gobierno— pero niega el segundo. El medio subraya un matiz relevante: la norma no presenta esos supuestos como un trilero excluyente en el que fallen todos si falla uno, y el propio expresidente ha vinculado las joyas de su despacho a un regalo de Arabia Saudí en 2007, es decir, a su etapa al frente del Ejecutivo. Si la investigación gira en torno a patrimonio, regalos de Estado y posibles conexiones con tramas de poder, el “no tiene que ver con el cargo” suena a excusa de despacho más que a muro jurídico inevitable.
No es el único portazo. El PP pidió también el expediente sobre el retraso en la devolución de 10 millones de euros de préstamo por parte de Tubos Reunidos, rescatada en 2021 por la SEPI —dependiente de Hacienda—. El Departamento lo rechaza por no considerarlo “jurídicamente procedente” y por “vulneración directa del régimen legal de reserva”. Resultado: ni el mapa fiscal de Zapatero ni el papel del rescate industrial bajo lupa.
Por qué importa la SEPI (y no es un debate de hemeroteca)
La comisión no nació por capricho. La SEPI concentra la sospecha de irregularidades en rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dotado con 10.000 millones en pandemia. El reportaje sitúa en el radar a los tres últimos presidentes del organismo nombrados con Pedro Sánchez en Moncloa y María Jesús Montero en Hacienda —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda— y habla de irregularidades por unos 760 millones detectadas con apoyo de UCO y UDEF, por encima del desvío mediático de los ERE andaluces. En la lista de préstamos conflictivos aparecen, entre otros, Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera. El juez Santiago Pedraz instruye en la Audiencia Nacional; fuentes del caso calculan que la trama puede acercarse al centenar de imputados y testigos.
A eso se suma el hilo del caso Leire y la llamada “cloaca” del PSOE, con conexiones reportadas hacia Fernández y, en el caso de Tubos Reunidos, contactos con el entorno PNV según la UCO citada por el medio. Cuando el Senado pide papeles y Hacienda contesta con secreto, la sensación ciudadana es la de siempre: se investiga con focos apagados.
Transparencia selectiva
Nadie está condenando aquí a Zapatero por un tipo penal. Eso lo dirán, si procede, jueces e inspectores con expediente abierto. Lo que sí se puede decir sin inventar es esto: un expresidente del Gobierno, joyas de Estado en el debate público, rescates millonarios bajo sospecha y una comisión parlamentaria que se queda sin la materia prima básica —datos fiscales y expedientes de devolución— no es “protección de datos” en abstracto. Es una elección política sobre cuánta luz se deja entrar.
El PP no gobierna Hacienda. Gobierna, con mayoría, el Senado que investiga. Si el Ejecutivo puede vaciar de contenido esa comisión con cinco páginas de reserva, el mensaje a cualquier trama futura es reconfortante: mientras el papel no salga del ministerio, el relato se controla. Investigar sin documentos no es control. Es teatro. Y el teatro, en política española, ya lo pagamos demasiado caro.