Mientras Moncloa habla de urnas y de vivienda, Hacienda ha movido otra ficha que llega directo a la caja de la pyme: Verifactu se retrasa otra vez. La Agencia Tributaria aplaza su implantación hasta octubre de 2028, para hacerla coincidir con la factura electrónica obligatoria. Menos teatro digital a destiempo. Más aire para quien factura con cuatro clientes y un software que ya le cuesta un riñón.
La nota del Ministerio de Hacienda lo dice sin florituras. Se busca “la máxima convergencia posible” entre los sistemas de facturación electrónica y el reglamento de sistemas informáticos de facturación —el famoso Verifactu, amparado en el Real Decreto 1007/2023—. Traducción: no forzar dos mudanzas digitales en dos calendarios distintos si se pueden alinear.
El calendario anterior ya venía de un aplazamiento. El Gobierno había aparcado la obligación a 2027: 1 de enero para sociedades del Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio para el resto de empresas y autónomos. Ahora esas obligaciones pendientes del reglamento se empujan hasta octubre de 2028, en la misma ventana en la que la factura electrónica será obligatoria para empresarios y profesionales con facturación anual que no supere los 8 millones de euros.
No es una amnistía del control. Hacienda insiste en que las exigencias de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes. Verifactu, recordemos, no es un sticker bonito: cada factura genera un registro que no se puede borrar ni retocar a capricho, y que o viaja a la AEAT (modalidad Verifactu) o se guarda con garantías en el propio sistema (modalidad no Verifactu). El objetivo declarado sigue siendo pelear el fraude fiscal con rastro digital.
Lo que cambia es el ritmo. Y el ritmo, en un tejido de autónomos y talleres, es la diferencia entre “me adapto” y “me ahogo en actualizaciones, asesores y licencias”. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha celebrado el movimiento. En junio presentó una hoja de ruta para encajar factura electrónica, Verifactu, el SII y la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age). Según la asociación, aquello acabó debatiéndose en el Senado y ha empujado la decisión de la Agencia Tributaria: transición ordenada, menos duplicidades, menos costes de ir y venir de norma en norma.
Hacienda avanza, además, que tras alinear calendarios abordará una modificación para converger ámbitos de aplicación y piezas técnicas con el futuro reporte digital europeo, pensado en el horizonte de 2030. Es decir: España deja de improvisar un mini-ViDA casero cada seis meses y mira el mapa continental antes de obligar a todo el mundo a comprar el software del mes.
Desde un marco liberal-conservador, el mensaje es claro. El Estado puede querer más control —y la lucha contra el fraude no se discute en abstracto—, pero no puede tratar a la pyme como si fuera el departamento de IT de una multinacional. Cada adelanto mal calibrado se paga en horas de gestor, en errores de facturación y en miedo a la sanción por un ticket mal configurado. Aplazar a 2028 no es “regalar impunidad”; es admitir que el BOE no fabrica capacidad operativa por arte de magia.
También es un contraste con la semana política. El Gobierno disuelve Cortes y pide majorías “para proteger a la gente”, mientras su propia máquina tributaria reconoce que el tejido pequeño no estaba listo para el doble salto Verifactu + e-factura. Bienvenida sea la corrección. Mal iría el país si la única política industrial de facturación fuera el calendario imposible.
Queda lo importante para el mostrador: hasta octubre de 2028 hay margen. No hay licencia para relajarse del todo —las reglas de integridad seguirán ahí—, pero sí tiempo para no improvisar. Quien venda esto como “el fin del control fiscal” miente. Quien lo venda como “otra chapuza más del sanchismo” se queda corto si no admite lo esencial: la presión de asesores y del sentido común ha obligado a alinear normas. Eso, en Hacienda, ya es noticia.