Salvador Illa no ha esperado a que el BOE de Madrid resuelva la pelea de los decretos. En el Debate de Política General del Parlament ha sacado su propia caja de herramientas: un fondo de emergencia habitacional de 25 millones (ampliables) para comprar pisos de familias al borde del desahucio y un plan de 100 millones para que la Generalitat entre como copropietaria con mayores de 40 años que pagan cuota, pero no la entrada.
La lógica es simple y, a la vez, incómoda para quien defiende que el mercado se autorregula solo. Cuando ya no quedan recursos, plazos ni milagros administrativos, la administración compra el inmueble, evita la calle y pasa a gestionar el alquiler. Illa lo ha dicho sin rodeos: ante un caso como el de Maricarmen, en Catalunya la respuesta debe ser actuar y comprar. El fondo arranca con 25 millones y deja la puerta abierta a ayuntamientos y otras administraciones para sumar dinero al mismo saco.
La segunda pata es más experimental. El Govern se apoya en el Código Civil catalán para compras conjuntas. Entre 40 y 55 años, la persona se queda con la mitad y la Generalitat con la otra; puede vivir como propietaria 50 años. A partir de 56, la administración asume el 60% y el particular el 40%, con un horizonte de 40 años de uso como propietario. En ese tramo se puede vender o heredar la parte privada, con preferencia de recompra pública. Si se agota el plazo, el piso vuelve al parque público. No es un regalo: es un contrato de copropiedad con reloj.
Hay una tercera pieza pensada para quien aún puede soñar con llaves propias. Illa ampliará los «préstamos emancipación» a interés 0% para jóvenes de 18 a 40 años: hasta el 20% del valor de compra (máximo 50.000 euros), también para vivienda protegida y para obras de rehabilitación necesarias para la cédula. La devolución no empieza hasta pagar la hipoteca y se dilata cinco años. Es la admisión de que el cuello de botella ya no es solo el tipo de interés: es el ahorro inicial que la generación actual no tiene.
El president ha querido enmarcar todo esto en un balance de mandato. Del objetivo de 50.000 pisos al parque público, el Govern cifra 12.599 ya incorporados: 5.997 vía Reserva Pública de Solares, 4.696 por tanteo y retracto y 1.906 con el préstamo emancipación. Es una cuarta parte del compromiso. En paralelo sigue el plan de suelo para decenas de miles de viviendas nuevas en terrenos reconvertibles. Illa resume la receta en tres palabras: suelo, dinero y empresas. Y avisa de que se sentará con bancos, ayuntamientos y constructores para exigir más.
También ha empujado a los grupos a no tumbar los decretos estatales de vivienda: «me gustaría pensar que ningún grupo volverá a dudar» entre quien puede quedarse sin techo y quien acumula miles de casas. El guiño implícito a Junts no es inocente. Catalunya se presenta, en el discurso de Illa, como el territorio que «dice no a la especulación» y empuja a la oposición madrileña al espejo. Sea o no justa la comparación, el anuncio catalán mueve el foco: mientras el Congreso pelea convalidaciones, Barcelona pone dinero público sobre la mesa para comprar el piso antes de que el desahucio gane la partida.
Queda lo difícil. Veinticinco millones no compran una ciudad. Cien millones de copropiedad no fabrican suelo de la noche a la mañana. Y la copropiedad temporal exige gestión limpia, precios justos y control para que no se convierta en un atajo opaco. Pero el marco es claro: si el mercado expulsa, la administración entra. No como sermón, sino como compradora.