Hay sentencias del Supremo que se cuelgan en el BOE y otras que se quedan colgadas en la puerta del colegio. En julio, el Tribunal Supremo anuló la exclusión del castellano en los rótulos de escuelas e institutos públicos y concertados de Cataluña. En septiembre, el Govern de Salvador Illa sigue apoyándose en un manual de señalización de 2007 que dice, sin rubor, que la lengua de la señalización es el catalán y que «no se prevé el bilingüismo».
No es un matiz de diseño gráfico. Es una forma de gobernar: cuando el alto tribunal manda cooficialidad en las paredes, la Administración responde con un PDF del tripartito de Montilla y sigue como si el fallo fuera un consejo de estilo.
El manual que manda más que la sentencia
Según El Mundo, el Ejecutivo socialista catalán mantiene vigente y aplica el «Manual de señalización de espacios interiores», revisado por última vez en 2007, cuando el PSC gobernaba con ERC e ICV. El documento oficial establece que la lengua utilizada en la señalización de los edificios de la Generalitat es el catalán. Solo admite, «excepcionalmente y en casos determinados», una segunda lengua… y entonces «se tiene que aplicar debajo del catalán y en cursiva».
Traducción política: el castellano, si aparece, entra de tapadillo y en letra menor. Eso choca de frente con el fallo del Supremo, que reclama un uso generalizado de las dos lenguas cooficiales en el espacio escolar, no un bilingüismo ornamental para turistas despistados.
La Generalitat se acoge a ese manual para no aplicar el espíritu del fallo que tumbó un apartado del plan de gestión de centros de 2022. Aquel plan decía que la rotulación del centro es en catalán (y occitano en el Arán) y que otras lenguas en paredes y rótulos se limitaban a producciones del alumnado. El Supremo, a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, respondió que la escuela no es solo el aula y el libro: el paisaje del edificio también educa.
Lo que dijo el Supremo, sin eufemismos
El alto tribunal subrayó que las instalaciones son el escenario de la actividad educativa. No la parte más importante, pero sí relevante. No es lo mismo, escribió, un espacio solo en una lengua que un espacio en las dos. Y fue más lejos: el castellano es lengua oficial en toda España y no puede excluirse en las comunicaciones entre poderes públicos y ciudadanos. Los carteles que orientan en un colegio público son, de hecho, una forma de comunicarse con quien entra.
Excluir el castellano ahí, concluyó, no respeta el artículo 3 de la Constitución y puede introducir un trato desigual lingüístico. Con esa lógica, el arrinconamiento tampoco debería ser la norma en otras dependencias públicas. El manual de la Generalitat, sin embargo, sigue operando como si la cooficialidad fuera un inconveniente de protocolo.
La lectura de Estado que Illa prefiere aplazar
Illa llegó a la Generalitat con el relato del “vuelve la normalidad”. La normalidad, en un Estado de derecho, incluye acatar al Supremo aunque el cartel del pasillo moleste al relato identitario. Mantener un manual que niega el bilingüismo meses después de una sentencia contraria no es gestión prudente: es resistencia administrativa con sonrisa institucional.
Impulso Ciudadano y la AEB preparan, según la misma información, un escrito para reclamar el cambio de la normativa de rotulación. Es el guion conocido en Cataluña: sentencia, retraso, manual viejo, recurso nuevo, y el ciudadano que quiere ver las dos lenguas en la pared esperando a que la política deje de tratar el castellano como huésped incómodo.
Se puede defender la inmersión, el catalán como lengua vehicular y la protección de una lengua propia. Eso no autoriza a convertir el espacio público escolar en territorio de exclusión de la otra lengua oficial. El Supremo ya trazó la raya. El Govern de Illa, de momento, prefiere el manual de 2007 al cumplimiento de 2026.
En política catalana hay debates grandes sobre nación, escuela y convivencia. Este es más pequeño y más revelador: si ni siquiera el rótulo del pasillo puede ser bilingüe sin pelearlo en los tribunales, el problema no es la tipografía. Es quién manda de verdad cuando llega una sentencia incómoda.