El INE no regala titulares amables. El dato adelantado de septiembre deja la inflación en el 4,9%: seis décimas más que en agosto y el nivel más alto desde febrero de 2023. La subyacente —la que quita energía y alimentos frescos— sube al 3,1%. Y el Gobierno responde como siempre que el recibo pica: con un parche en el surtidor.
Los productos energéticos se disparan un 21,6% interanual. Los carburantes vuelven a empujar el índice; el litro ha rondado los dos euros y llenar un depósito medio ha costado del orden de 105 euros, unos 20 más que hace un año, según el relato de los medios públicos. El IPCA, el que se compara en Europa, se va al 5%. No es un “ruido de un mes”: es el octavo mes seguido con tasa mensual al alza y la confirmación de que la crisis de Irán y el cuello de botella energético se cuelan en la cesta de la compra.
Moncloa ya tiene el kit de emergencia preparado. En octubre el descuento a la gasolina sube a 20 céntimos por litro e iguala al del diésel. La regla es mecánica: si el encarecimiento del producto supera el 15% interanual, salta la rebaja. En agosto el diésel se había disparado un 30% y la gasolina un 17%, según el propio marco del decreto. La senda dibuja 13 céntimos en noviembre y 6 en diciembre… salvo que los precios sigan desbocados. Carlos Cuerpo habla de “deterioro significativo”, con el Brent por encima de 100 dólares y el gas europeo en zona de alarma.
Desde la derecha el problema no es solo el Oriente Medio. Es la costumbre de gobernar a golpe de descuento mientras la inflación se come el salario real. El Ministerio presume de que las ayudas han moderado “hasta un punto” la inflación en algunos meses y de compensar “en torno a la mitad” del golpe en gasolina y diésel. Traducción para el conductor: pagas la mitad del atraco y el Estado te vende el resto como escudo. El bolsillo sigue notando el 4,9%. Y la subyacente en el 3,1% avisa de que el calor del surtidor empieza a pegarse al resto de precios.
Hay hechos que no se discuten. La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz no los inventa la oposición. El efecto base —carburantes más baratos en septiembre de 2025— también juega. Pero un Ejecutivo que lleva meses de paquetes energéticos, IVA de la luz y topes al gas debería explicar por qué, con toda esa artillería, el IPC vuelve a niveles de 2023. El descuento de 20 céntimos no crea refino, no abre Ormuz y no frena la segunda ronda de precios: solo aplaza la factura y la traslada al déficit.
La foto de octubre será familiar: cola en la gasolinera, pegatina de ayuda y un INE que no se deja maquillar. Si el Gobierno quiere credibilidad antiinflacionista, necesita más que un interruptor fiscal hasta diciembre. Mientras el 4,9% muerda y la energía vuele al 21,6%, cada céntimo de descuento se leerá como lo que es: un parche sobre una inflación que ya no es anecdótica.