La Junta Electoral Central ha cerrado la puerta que el PP y Vox querían abrir a golpe de escrito. En resoluciones a las que ha tenido acceso Europa Press, el árbitro electoral recuerda que la transparencia del voto por correo —en España y en el exterior— ya está regulada en la ley y rechaza las medidas extraordinarias de «custodia» que pedían populares y ultras de cara al 29-N. El mensaje es seco: si quieren cambiar el procedimiento, que impulsen una reforma legislativa, no que trasladen al Gobierno el criterio de la JEC.
El PP había pedido refuerzo de custodia y transparencia del voto por correo. La Junta le contesta que Correos ya debe adoptar «medidas oportunas y suficientes» hasta la entrega a las mesas o a las juntas, y que ella misma puede exigir adicionales si hace falta. Remite al partido el escrito de la sociedad postal sobre trazabilidad y seguridad para estas generales. No hay, en el escrito popular, «nuevos datos o motivos» concretos de irregularidad que justifiquen un protocolo excepcional, según el relato del organismo.
Extremadura, el precedente y la policía
Génova apoya su inquietud en el robo de 124 papeletas en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en las autonómicas extremeñas de diciembre de 2025. La JEC recuerda que entonces se autorizaron duplicados y un operativo especial: 122 de 124 electores pudieron votar; solo dos no, por estar fuera de España. El PP interpreta las mejoras de Correos como «reconocimiento implícito» de que hace falta más seguridad y pide que la custodia recaiga en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al mismo tiempo, dice confiar en la plantilla de Correos… y desconfiar de Pedro Sánchez, al que acusa de estar «dispuesto a todo» y recuerda los vínculos de Leire Díez con la empresa postal. Esa última frase es marco político, no hallazgo de la Junta.
Vox, el CERA y el Constitucional
Vox va más lejos con el voto de los registrados en el CERA: sostiene que el sufragio de emigrados no ofrece el mismo nivel de garantías y pide un protocolo uniforme de registro y cadena de custodia. La JEC le responde con el artículo 75 de la LOREG, con sus instrucciones previas y con una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que no vio discriminación por las diferencias de acreditación entre residentes y ausentes. Además, le recriminan que plantee ante el árbitro electoral lo que ya intentó como cautelar en el Supremo por la «ley de nietos» y que la Sala Tercera rechazó.
La regla de juego que repite la Junta es simple: actúa ante denuncias de hechos o indicios concretos, no ante sospechas genéricas de campaña. Para un partido con representación parlamentaria, dice, «parece más lógico» usar la vía legislativa que convertir a la JEC en taller de rediseño electoral a seis semanas de las urnas.
Qué cambia y qué no
Desde la mesa liberal-conservadora cambia el escenario de la pelea del buzón: ya no basta con pedir a la Junta un protocolo a medida; o hay denuncia concreta o hay reforma de la LOREG en las Cortes que salgan del 29-N. Cambia también el coste retórico de gritar «pucherazo» sin expediente: el árbitro ha dicho que la ley vigente basta y que Correos ha reforzado trazabilidad. No cambia aquí la validez del voto por correo ni se afirma fraude. La hipótesis de derecha es sobria: sin custodia reforzada y sin control político creíble sobre Correos, la desconfianza del electorado no se apaga con un comunicado de la JEC.