Mientras la política se pelea por la vivienda y el calendario electoral, la Audiencia Nacional prepara otra escena menos ruidosa y más fea: una jueza sube al estrado como perjudicada. No como testigo decorativo. Como parte.
Según Europa Press, Beatriz Biedma —la magistrada que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno— declarará este jueves en el caso Leire Díez. La instrucción la lleva Santiago Pedraz. El objeto: una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE. Biedma será la primera jueza en declarar en esa pieza.
Pedraz ya le abrió la puerta de la acusación particular. El auto, en términos sobrios de instrucción, dice que resulta perjudicada indiciariamente al menos por calumnia, sin cerrar el resto de tipicidades que pueda deparar la causa. Eso no es una sentencia. Es una señal: el juez no ve un simple rifirrafe mediático.
La propia Biedma pidió personarse por una lista que suena a manual de acoso institucional: obtener datos sobre su persona, desacreditarla en lo público y en lo profesional, promover denuncias y quejas, escarbar en su entorno y apartarla de procedimientos concretos. Y lo amarra a su condición de instructora del caso del hermano del presidente, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
En su escrito sostiene que los indicios apuntan a un objetivo claro: neutralizar, perturbar o destruir el procedimiento que tenía entre manos. Llega a afirmar que Leire Díez habría indicado al exjuez Luis José Sáenz de Tejada que promoviera denuncias contra ella ante la Fiscalía General, por entender que podía influir ahí. Díez, por su parte, ha pedido anular esa personación y niega haberla calumniado. El choque de versiones queda para la instrucción, no para el titular fácil.
Hay más capas que el relato político prefiere no mirar: una anotación en la agenda de Díez que Biedma vincula a investigaciones suyas sobre clanes de narcotráfico en Badajoz; un canal llamado «Magistrado Anticorrupción TV»; un oficio de la UCO de la Guardia Civil sobre la campaña del exjuez. Todo eso, de momento, son pistas en un sumario. Tratarlas como condena firme sería tan tramposo como fingir que no existen.
La lectura de fondo, desde un marco de Estado de derecho, es simple y dura. Si una instructora tiene que personarse para defenderse de una presunta operación de descrédito ligada a una causa sensible del entorno del poder, el problema ya no es solo partidista. Es de independencia judicial. Los partidos pueden pelearse por las urnas. Los jueces no deberían tener que pelearse por no ser fulminados mediáticamente mientras instruyen.
El jueves hablará Biedma. Pedraz escuchará. El resto del ruido —electoral, de calle, de redes— seguirá. Pero el expediente ya ha cambiado de categoría: de rumor de tramas a declaración de una magistrada como víctima procesal. Eso no se tapa con un mitin.