Hoy no hay mitin que valga: hay un auto. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha confirmado que las órdenes nacionales de busca y captura y detención contra Carles Puigdemont —y también contra Antoni Comín y Lluís Puig— quedan sin efecto. Lo hace aplicando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la amnistía y la malversación, la misma que ya abrió la puerta en el amparo de Dolors Bassa. Y lo hace desestimando el recurso de reforma de la acusación popular de Vox contra su decisión del 6 de octubre.

Traducción para quien no vive en los pasillos de Genova ni en los de Waterloo: la medida cautelar que sostenía la detención inmediata cae. El instructor ordena, con carácter urgente, librar los mandamientos necesarios y cancelar esas órdenes en los registros y sistemas informáticos. El alzamiento cubre también las requisitorias y, en su caso, los mandamientos de prisión que traigan causa exclusiva de esas mismas órdenes.

No es un detalle de trámite. Es el momento en el que la amnistía deja de ser un eslogan de campaña y se convierte en efecto práctico sobre el cuerpo de quien ha sido el fantasma político de media década. Quien quiera seguir vendiendo que “no cambia nada” tendrá que explicar por qué la Policía debe borrar de sus bases una orden que hasta ayer pesaba como una losa.

Acatar no es aplaudir

Llarena no finge entusiasmo. En el auto deja claro que la doctrina del Constitucional debe aplicarse aunque no se compartan las razones en las que se apoya. Discrepa. Critica la falta de mesura en los calificativos que la mayoría del TC dedicó a la interpretación del Supremo. Recuerda que casi la mitad del propio Constitucional defendió otra lectura. Y, aun así, ejecuta lo que toca ejecutar.

Eso, para la mesa de izquierdas, es exactamente el punto: el Estado de derecho no es un club de fans del instructor de turno. Es una cadena de mandos jurídicos. El Parlamento aprobó una ley. El Constitucional fijó doctrina sobre la malversación y la amnistía. El instructor, aunque rebuzne por dentro, alza las órdenes. La derecha puede detestar el resultado; lo que no puede hacer con seriedad es fingir que “el Supremo se ha rendido por política” cuando el propio auto se agarra a la vinculación constitucional y a la urgencia de no mantener una cautelar ya privada de base.

Lo que el auto no hace (y conviene no mentir)

Aquí hay que ser precisos, porque la mentira volará en redes en menos de una hora. El pronunciamiento se limita al alzamiento de las órdenes. No archiva el sumario. No sustituye la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad penal ni el sobreseimiento. Eso, en el procedimiento ordinario, corresponde a la Sala de enjuiciamiento, con la tramitación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O sea: cae la detención cautelar ligada a esas órdenes; no se ha firmado un “caso cerrado, fin de la historia” en una sola página.

Tampoco hace falta —y esto lo deja explícito la cobertura seria del auto— esperar a que el TC resuelva un amparo individual de Puigdemont para aplicar la doctrina ya fijada con Bassa. La exclusión de la amnistía que el Supremo había sostenido sobre un “beneficio personal” ligado al coste del referéndum queda desactivada por esa doctrina a efectos de mantener las cautelares. Mantener las órdenes repitiendo el razonamiento constitucionalmente rechazado no cuela.

Quién pierde el relato

Vox recurría para sostener la detención. Pierde el recurso de reforma. El PP lleva meses convertando la amnistía en combustible emocional del 29-N; hoy el instructor más asociado al procés les entrega, a regañadientes, el efecto práctico que tanto negaban. Junts podrá hablar de regreso y de victoria política: tiene base para la primera parte (no hay orden activa de detención nacional por esa vía) y deberá esperar a la Sala para la segunda (extinción plena).

Desde la izquierda institucional el mensaje es incómodo para la oposición y sencillo para el votante: las leyes no se aplican solo cuando gustan. Si el Constitucional marca el campo de juego de la malversación amnistiable, el instructor no puede conservar una orden de detención como trofeo ideológico. Eso no es “impunidad mágica”. Es jerarquía normativa, con todos los matices que el propio auto se empeña en subrayar.

Queda la pelea política, claro. Queda la Sala. Queda el calendario electoral. Pero el dato del lunes es tozudo: la orden cae, los registros deben actualizarse y el recurso de la acusación popular no frena el alzamiento. Quien salga esta tarde a la tele a decir que “no ha pasado nada” estará negociando con la realidad. Y la realidad, hoy, lleva membrete del Supremo.

Fuentes y contexto