El Congreso dijo no el viernes. La calle contestó el sábado. En Madrid, cuatro columnas salieron a mediodía —Castellana, Atocha, Serrano y Gran Vía— y se juntaron en Cibeles bajo un lema que ya no es metáfora de redes: «Hacia la huelga general».
La Delegación del Gobierno habla de unas 70.000 personas. El Sindicato de Inquilinas, convocante, eleva la cifra a 500.000. El desfase es el de siempre en las contabilidades de protesta; lo que no admite discusión es el mapa: unas 50 localidades movilizadas el mismo día, con el respaldo público de CCOO y UGT.
No es un flash de fin de semana. Es la continuación de una oleada que explotó con el desahucio de Maricarmen, de 87 años, en el Retiro, y que el Gobierno intentó canalizar con dos decretos exprés. El viernes, esos textos cayeron. El de medidas de vivienda, con el no de PP, Vox, Junts y UPN. El de renovación automática de alquileres, con el añadido de PNV y Coalición Canaria. Vigencia de apenas horas. Solución de papel.
En la calle se oyeron llaves, no sermones. Pancartas de «ni una Maricarmen más», de bajar el alquiler a la mitad, de echar a los fondos. Cánticos duros contra Ayuso y Almeida. Y también carteles que no perdonan a PSOE y Sumar. Quien espera una manifestación de hinchada gubernamental se equivoca: hay rabia transversal contra el rentismo y contra quien gobierna sin techo asequible.
La portavoz madrileña del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, lo dejó en una frase: la huelga general será «pronto», sin fecha todavía, porque quieren coserla con los sindicatos laborales «de forma histórica». Aviso a navegantes: «gobierne quien gobierne» no van a tragar otros cuatro años de simulación. «Ahora sí empieza la legislatura de la vivienda», dijo. Traducción: el calendario electoral de Moncloa no manda sobre el de Sol.
En el cordón político, el desacuerdo es el de siempre a la izquierda del PSOE. Irene Montero (Podemos) prefiere un decreto que baje alquileres y expropie a fondos antes que unas urnas. Enrique Santiago (IU en Sumar) ve legítimo adelantar si la Cámara no sirve para legislar para la mayoría. Dos lecturas, un mismo diagnóstico: el bloqueo parlamentario no se cura con comunicados.
CCOO y UGT ya hablaron el viernes de «indignación social de enorme magnitud» y de reunir a sus órganos para una estrategia de unidad con inquilinos y vecinos. No es todavía la convocatoria formal de una huelga general. Es el precalentamiento. Y el sábado demostró que el combustible está en la calle, no en el BOE.
El Gobierno mide ahora la temperatura social mientras Sánchez decide si aprieta el botón del adelanto. Puede ganar o perder ese cálculo. Lo que ya ha perdido es el monopolio del relato: después del no del Congreso, la vivienda ya no es solo un decreto caído. Es una huelga en construcción.