Hay corrupción de maletín y hay corrupción de carpeta. La de Puerto Lumbreras fue de la segunda: un teatro-auditorio que pedía seis millones de subvención autonómica y un aluvión de papeles que, según el relato judicial, no se sostenían. Este jueves, el Tribunal Supremo ha dicho basta al recurso: confirma tres años de cárcel para Pedro Antonio Sánchez López, expresidente de la Región de Murcia con el PP (2015-2017), por delitos de prevaricación y falsedad documental.
La condena base venía de la Audiencia Provincial de Murcia (marzo de 2023). Además de la prisión, el Supremo mantiene 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público y una multa de 3.600 euros. No es un fleco menor de un alcalde cualquiera: es el cierre —en casación— de un caso que arranca cuando Sánchez mandaba en el Ayuntamiento y termina cuando ya había sido presidente autonómico.
Los hechos, con raíz en 2005, suenan a manual de lo que no se hace con dinero público. Como alcalde, encargó verbalmente y sin expediente de contratación a un arquitecto la redacción de un proyecto para pedir la subvención. El profesional preparó un “Anteproyecto de Teatro Auditorio” sobre una parcela de 10.000 metros y luego un proyecto básico. Ninguno tuvo entrada de registro en el consistorio ni visado del Colegio de arquitectos, según la sentencia que ahora confirma el alto tribunal.
Cuando la comunidad avisó de que iba a conceder la ayuda, Sánchez remitió carta con esos proyectos y una comunicación de que había disponibilidad de la parcela porque un convenio de cesión estaba “en trámite”. El Supremo recoge lo esencial: no constaba convenio aprobado, ni inscripción en el Registro de convenios urbanísticos, ni expediente tramitado al efecto. Dicho en cristiano: se habló de un solar como si el papel ya estuviera hecho.
El dinero sí llegó. La Consejería de Cultura envió al Ayuntamiento los primeros tres millones el 29 de diciembre de 2006. Un año después, el 14 de diciembre de 2007, Sánchez pidió el tramo de esa anualidad “conforme al ritmo de ejecución de las obras previsto”. La trampa, según el relato probado, es que no había proyecto sobre la parcela, ni concurso, ni expediente de obra, ni ejecución alguna. Se cobraba ritmo de obra sin obra.
Cuando el arquitecto detectó inviabilidad técnica y económica, la pieza judicial describe un arreglo peor: alcalde, arquitecto y secretaria accidental del Ayuntamiento convinieron un proyecto modificado para justificar la inversión ante la autonomía e impedir el reintegro, aunque eso dejara la obra inacabada. Y cuando el Colegio de Arquitectos se quejó de un proyecto sin concurso, se montó un concurso con plazo de 15 días —tres proyectos presentados— que acabó adjudicado al mismo profesional del encargo verbal. Ropaje de legalidad sobre una decisión ya tomada.
En falsedad documental, el Supremo no compra la inocencia del firmante. Rechaza que no supiera qué rubricaba y apunta con claridad: “es seguro que sabía que lo que se describía no era cierto” y conocía las consecuencias jurídicas y económicas de esos papeles. También confirma la condena del arquitecto Martín Lejarraga a 16 años y 6 meses de inhabilitación como cooperador necesario de la prevaricación. La secretaria accidental ve matizada la inhabilitación: se concreta a funciones de secretaría, fe pública y asesoramiento jurídico equivalente.
La lectura política no necesita adornos. Mientras el debate nacional se pelea a gritos por otras carpetas, aquí hay una sentencia del Supremo sobre un dirigente del PP que pasó de la alcaldía a la presidencia autonómica con un rastro de subvención, solar inexistente en convenio y obras inventadas en el calendario. No es “ruido mediático”. Es el alto tribunal diciendo que el auditorio de papel no vale como defensa.
Quien quiera hablar de regeneración en serio empieza por casos así: no por el eslogan, sino por el reintegro que se intentó evitar, por el concurso exprés y por la firma que el Supremo considera consciente. Tres años de cárcel y casi dos décadas de inhabilitación no limpian el pasado. Sí marcan un listón: la carpeta, al final, también pesa.