La precampaña tiene micrófonos. El sumario también. Este domingo, Europa Press adelanta que el financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, señalado como presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra, está citado a declarar el viernes a las 9.00 ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

No es un trámite de relleno. Verhoeven fue detenido en Alemania, entregado a España a mediados de septiembre e ingresó en prisión provisional en Soto del Real. Tras pasar a disposición judicial y acogerse a no declarar, el instructor le dejó en libertad con medidas cautelares: sin pasaporte, sin salir de España y con comparecencias cada dos días. Ahora toca escucharle en sede judicial.

El expediente, según el relato del instructor y de la UDEF recogido por la agencia, investiga presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En el centro del relato está el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero figura imputado y señalado, en el marco de la investigación, como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias vinculada a ese rescate. Son imputaciones y tesis instructoras: ni condena firme ni hechos juzgados en sentencia.

Calama indaga una trama con ramificaciones en España, Francia y Suiza. Según la orden internacional de detención, Verhoeven habría usado su estructura empresarial para transferir fondos del extranjero a Plus Ultra amparados en supuestos contratos de inversión o préstamo. La investigación le sitúa como principal cobertura en la generación de facturas falsas mediante sociedades internacionales. Apunta también a Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea y en paradero desconocido, como presunto cliente de esa estructura, y a que parte del dinero acabó en cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.

En paralelo aparece Luis Felipe Baca, empresario vinculado a la trama y detenido en Aruba. El mapa no es de un solo folio: es un circuito de sociedades, transferencias y jurisdicciones opacas alrededor de una aerolínea rescatada con dinero público. Justo por eso el caso no se va de la conversación política aunque el BOE hable de otra cosa: en campaña, un rescate de decenas de millones y un financiero citado en la Audiencia Nacional pesan más que mil spots.

La derecha lo lee en clave de advertencia: no basta con pelear eslóganes sobre vivienda o inmigración si el Estado no cierra el círculo de quién movió el dinero, con qué contratos y con qué red de influencias. La izquierda preferirá subrayar la presunción de inocencia y el carácter aún instructor del sumario. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Lo que no se puede hacer es fingir que el viernes es un día cualquiera en el calendario judicial.

Verhoeven ya tuvo ocasión de callar. Ahora el juez le convoca otra vez. Si declara o se acoge otra vez a su derecho, el expediente seguirá. Pero el mensaje político del momento es tozudo: mientras se discute el 29-N, la Audiencia Nacional pone nombre, hora y sala a la parte financiera de Plus Ultra.