El primer día útil de precampaña del 29-N no ha empezado en un mitin. Ha empezado en la Audiencia Nacional. El PP ha registrado este martes un escrito pidiendo que el PSOE, como persona jurídica, sea citado como investigado por cinco delitos: cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos. El instructor es Santiago Pedraz. El sumario es el del llamado caso Leire Díez, la investigación sobre las presuntas «cloacas» socialistas.

No es una sentencia. Es una petición de acusación popular. La Fiscalía, según las crónicas, no sostiene esa imputación del partido. Pero el movimiento tiene una lectura política imposible de maquillar: Génova quiere que Ferraz entre en el banquillo simbólico de la causa justo cuando el calendario electoral empieza a correr.

Qué dice el escrito y de dónde sale

Los populares, personados en la causa, apoyan su petición en informes de la UCO y en diligencias ya practicadas. El relato de la acusación apunta a una estructura liderada, según esa tesis, por el ex secretario de Organización Santos Cerdán, con colaboración de la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, también imputada en el procedimiento. El PP sostiene que el partido puso medios operativos y financieros a disposición de esa trama para proteger intereses del Gobierno y del PSOE frente a investigaciones judiciales.

En el detalle económico que han publicado medios como Infobae, la instrucción ha ido siguiendo pagos y cuentas del PSOE y del PSC en 2024 y 2025. Entre las cantidades que la UCO habría contrastado figuran gastos relacionados con Leire Díez, 125.000 euros abonados al abogado Jacobo Teijelo y en torno a 20.000 euros destinados a Crónica Libre. Pedraz abrió en julio una pieza separada económica y autorizó nuevas diligencias bancarias. Nada de eso, por sí solo, equivale a condena del partido: sí describe el terreno en el que el PP quiere que el juez dé el paso de imputar a la formación.

Precampaña judicial

El escrito llega menos de 24 horas después de que Pedro Sánchez disolviera las Cortes y fijara urnas el 29 de noviembre. Varias crónicas apuntaban a un pacto no escrito de la justicia electoral: avanzar la instrucción, sí; tocar la imputación del partido como tal, mejor después de las elecciones. El PP ha decidido no esperar a ese reloj político. Quiere que el debate del 29-N no sea solo vivienda y amnistía: quiere que sea también Ferraz, Cerdán y la financiación de la trama investigada.

Hay que ser precisos para no convertir el sumario en panfleto. Lo que hay hoy es una solicitud de la acusación popular, no un auto de imputación del PSOE ni un veredicto. El juez Pedraz tendrá que decidir si cita al partido como investigado. El PSOE niega de forma reiterada la existencia de una organización criminal en su seno y sostiene que los casos se usan como arma política. El PP replica que los indicios de la UCO ya bastan para no mirar hacia otro lado.

En campaña, esa tensión se traduce a lenguaje de calle con facilidad peligrosa. «Imputación del PSOE» suena a condena cerrada; en derecho procesal es un estadio intermedio que aún no se ha producido. Lo que sí es un hecho de este martes es la ofensiva de Génova en la Audiencia: cinco delitos sobre la mesa, persona jurídica en el punto de mira y un calendario electoral que convierte cada diligencia en titular. Si Pedraz acepta la petición, la precampaña cambia de temperatura. Si la aparca, el PP seguirá agitando el sumario igual. En ambos escenarios, el caso Leire deja de ser solo un expediente de despacho: se cuela en la pelea del 29-N.

Fuentes y contexto