Hay una diferencia entre gobernar y hacer campaña con el escudo del Estado. El Partido Popular sostiene que Pedro Sánchez la ha cruzado otra vez: ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central por la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa posterior al Consejo de Ministros, en el arranque del periodo electoral hacia el 29 de noviembre. No es un tuit de bronca. Es un escrito que pide expediente, sanción y que el vídeo oficial salga de los canales institucionales.
Según el relato de Génova recogido por varios medios, Sánchez utilizó la sede de la Presidencia para exponer «supuestos logros» del Gobierno, descalificar a la oposición y lanzar mensajes propios de campaña, incluida la petición de una mayoría parlamentaria más amplia. El mismo día en que se publica el decreto de disolución de las Cortes. Para el PP, el récord es casi deportivo: ni un día de margen entre la urna convocada y el atril de Moncloa convertido en plató.
Qué pide exactamente el PP
La denuncia no se queda en la queja moral. Solicita abrir un expediente sancionador al presidente, aplicar la multa máxima prevista para este tipo de infracción —3.000 euros, según detalla El Español— y retirar el vídeo de la comparecencia de la web y canales oficiales de La Moncloa, o al menos los fragmentos denunciados. También pide que se inste a todo el Ejecutivo a abstenerse de manifestaciones similares mientras dure el periodo preelectoral.
El marco jurídico es la LOREG, la ley que fija las reglas del juego cuando hay urnas en el calendario. La neutralidad institucional no es un capricho de la oposición: es el suelo mínimo para que el Gobierno no compita con ventaja de micrófono, logo y streaming oficial. Si el presidente quiere hacer mitin, que alquile un pabellón. No el salón de Moncloa.
Reincidencia: el historial que pesa
Génova no presenta el caso como un resbalón. Recuerda que las juntas electorales ya declararon vulneraciones en seis procesos electorales y que Sánchez acumula cuatro multas por valor de 6.600 euros, además de dos sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo, según el propio partido y crónicas posteriores. El Español enumera antecedentes concretos alegados en el escrito: 500 euros por una entrevista en Moncloa en 2019; 2.200 por declaraciones en Bruselas en las generales de 2023; 1.500 en Doha antes de las catalanas de 2024; y el pago voluntario de una sanción reducida de 2.400 euros tras la rueda de balance del 15 de diciembre de 2025, en plena campaña extremeña.
Ese último precedente es el que el PP considera «prácticamente idéntico». Misma sede, mismo género (balance/comparecencia), misma tentación: vender obra de gobierno y pedir voto con el sello del Estado. Si la Junta aceptó entonces que había línea roja, Génova quiere que la aplique ahora con el listón más alto.
Por qué importa más allá de los 3.000 euros
La multa máxima, en términos de presupuesto público, es calderilla. El valor político es otro. Si Moncloa puede estrenar decretos de vivienda, arengar a «salir a ganar» y pedir una mayoría más amplia desde el atril oficial el día uno del calendario electoral, la campaña deja de ser un campo neutral. Se convierte en un partido con un equipo que juega con el marcador del BOE y el logo del Gobierno detrás.
Desde el marco liberal-conservador, la denuncia es coherente con un aviso más amplio: las instituciones no son utilería del candidato. Feijóo puede —y debe— pelear el 29-N en la calle y en el programa. Sánchez puede defender su balance. Lo que no puede es, a juicio del PP, transformar la Presidencia en cuartel general del PSOE sin que la Junta Electoral diga si eso encaja en la ley. La resolución sigue pendiente: no se da aquí por sancionada. Pero el expediente ya está sobre la mesa, y el mensaje de Génova es nítido. Moncloa gobierna. No hace de plató.