Carles Puigdemont ya no habla solo de “si” vuelve. Habla de cómo vuelve y, sobre todo, de lo que no va a ser. En una entrevista en el programa de 2Cat (RTVE), el líder de Junts ha descartado ejercer como jefe de la oposición en el Parlament cuando regrese a Cataluña: “No podría ejercer como jefe de la oposición, y aunque pudiese, habiendo sido presidente, no es correcto que vaya a controlar al futuro presidente, sea quien sea”. El marco de la izquierda soberanista es nítido: el regreso no es un casting de atril, es recuperar una vida política y personal que el Estado le arrancó.

Puigdemont sitúa el reloj en un punto que considera “irreversible”. Dice que la amnistía “aún no se me ha aplicado” y que no descarta nuevas “maniobras judiciales” para frenarle, pero sostiene que “tendrán que firmar la rendición”. En paralelo, admite que su cabeza “empieza a asumir que el regreso debe prepararse”. No es un tuit de campaña: es el expresident midiendo en público el aterrizaje después de nueve años en Bélgica.

Amnistía, indulto y el trato que rechazó

El relato que deja en la entrevista es incómodo para Moncloa y para el relato judicial duro. Asegura que, antes de que los votos de Junts fueran decisivos para la investidura de 2023, un interlocutor del PSOE le ofreció en Bélgica una salida “similar a los indultos”. Él la rechazó: quería amnistía —solución política—, no un perdón administrativo. “Él me dijo que la amnistía era imposible”, relata. Luego cambió la aritmética del Congreso y la amnistía pasó a ser condición. La lectura progresista: cuando el independentismo pesa en Madrid, la “imposibilidad” se vuelve negociación; cuando no pesa, se convierte en persecución.

Puigdemont niega ser “un terrorista” y denuncia lo que llama “muerte civil”: listas y herramientas que, según su versión, le han tratado como si lo fuera, hasta el punto de tener que comparecer ante una comisaría francesa especializada en terrorismo por una acusación española vinculada a Tsunami Democràtic. Son sus palabras y su denuncia; no una sentencia. Pero el mensaje político es claro: la amnistía no es un capricho de exilio, es el desbloqueo de una anormalidad democrática que lleva años.

La Cataluña que ya no conoce

El otro hilo de la conversación es casi íntimo y muy político a la vez. Reconoce que la Cataluña que dejó “no existe” del mismo modo: “Cuando me fui había políticos y ahora hay influencers… Hay una Cataluña que desconozco”. Quiere escuchar a las nuevas generaciones. Y dice que lo primero al volver será ir al cementerio de sus padres y a casa, en Sant Julià de Ramis, “para recuperar una vida arrancada”. Sobre el 8 de agosto de 2024, sostiene que el plan A era entrar en el Parlament y aceptar la detención después; el plan B —no ser detenido— lo reivindica como audacia política, no como huida de maletero (“nunca he ido en ningún maletero”).

Qué cambia y qué no

Cambia el guion del retorno: Puigdemont no se presenta como aspirante a liderar la oposición parlamentaria ni como pieza decorativa de un control al Govern. Cambia también el tono: del “imposible” al “hay que prepararlo”. No cambia, todavía, la aplicación plena de la amnistía a su caso ni una fecha de aterrizaje con sello notarial. La mesa de izquierda lo lee así: si la ley se aplica de verdad, el conflicto baja de la persecución al debate político; si se dilata, el 29-N seguirá cargando con una herida abierta que no se tapa con eslóganes de unidad española.