Pedro Sánchez ya no tiene hemiciclo a jornada completa, pero sí tiene máquina de titulares. Despejadas las coaliciones del 29-N, la semana política que arranca —según el repaso de agenda de EFE— se llena de precampaña, listas provinciales y un Consejo de Ministros el martes donde el Ejecutivo puede colar nuevas medidas. En paralelo, la Mesa de la Diputación Permanente se reúne en el Congreso. No es burocracia inocente: es el atajo que queda cuando las Cortes están disueltas y el calendario electoral aprieta.
La pieza más delicada son los segundos decretos ley de vivienda. EFE recuerda lo esencial: falta convocar la sesión de la Diputación Permanente que debe convalidarlos, y el plazo legal vence el 13 de noviembre, justo el día en que arranca la campaña de las generales. Traducción práctica: o el Gobierno logra sacar el paquete a tiempo y venderlo como logro de gestión, o llega a la campaña con la vivienda otra vez en el aire… y con el PP y Vox como chivo expiatorio preparado.
El catálogo: SMI, jueces, universidades y un cheque para Ceuta
La ofensiva no se limita a los pisos. Reportajes de estos días describen un arsenal de anuncios que Moncloa quiere apilar antes del 29-N:
- Yolanda Díaz acelera la subida del salario mínimo, con el sello de «histórica» que el Gobierno necesita para tapar la foto rota de la izquierda a su izquierda. - Félix Bolaños anuncia 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027: refuerzo de plantilla presentado como respuesta al colapso de los juzgados. - Diana Morant prepara otra vuelta de tuerca regulatoria contra el modelo de universidades privadas, después de que el Tribunal Supremo tumbase el marco anterior. - El ministro Arcadi España ha puesto sobre la mesa un real decreto-ley de 45,3 millones en medidas extraordinarias de apoyo a la ciudadanía de Ceuta, tras meses de crisis migratoria y de reproches por la gestión del Ejecutivo. - En pensiones, el ministro Carlos Cuerpo ha abierto la puerta a revalorizar estando el Gobierno en funciones: otro titular sensible con millones de votantes mayores mirando el boletín.
Vivienda, rentas, togas, aulas y frontera. El hilo conductor no es un plan de legislatura —la legislatura se acabó— sino un escaparate de promesas convertibles en eslóganes. Una cosa es firmar en el Consejo de Ministros; otra, que la medida llegue al bolsillo o al barrio antes de que el elector meta la papeleta.
La Diputación Permanente como muleta electoral
Sánchez pretende aprovechar el cambio de mayorías en la Diputación Permanente para sacar por esa vía lo que el Pleno ordinario ya no puede tramitar con normalidad. Es legal. También es elocuente: el presidente que durante años dependió de socios de investidura para cada votación crítica ahora necesita el atajo de la permanente para engordar el catálogo de «éxitos» de última hora.
El contexto no ayuda al relato de pureza social. La dimisión de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, por la polémica de los negocios inmobiliarios de su pareja —los famosos «30 pisos» que han ocupado portadas— ha obligado al partido a recolocarse. La Ejecutiva ha dejado la portavocía en Rebeca Torró, secretaria de Organización y sucesora en el aparato de Santos Cerdán. Hablar de fondos buitre y de derecho a la vivienda con ese telón de fondo es, como mínimo, un ejercicio de prestidigitación.
Precampaña en vivo mientras se imprime el BOE
La agenda de la semana mezcla mitin y BOE. Sánchez tiene acto en Valladolid tras el Comité Federal que ratificó listas; Abascal, en Ponferrada. El miércoles se abre el plazo para presentar candidaturas (hasta el 26). Los Premios Princesa de Asturias pondrán a la familia real en el centro el viernes. Y en el fondo, siempre, el mismo cálculo: llegar al 29-N con la sensación de Gobierno activo, no de Ejecutivo en liquidación.
La lectura desde la derecha es directa. Si las medidas de vivienda y rentas eran tan urgentes, ¿por qué concentrarlas cuando ya no hay legislatura plena y el calendario electoral manda? El riesgo para el electorado no es solo ideológico: es de calidad democrática del trámite. Decretazo, permanente y titular de telediario no sustituyen un debate parlamentario largo ni garantizan que el anuncio se convierta en derecho efectivo.
Sánchez quiere mercancía de campaña fabricada en Moncloa. El PP y Vox querrán convertir cada decreto en prueba de debilidad y de uso electoral del BOE. El árbitro, esta vez, no es solo la Junta Electoral: es el reloj del 13 de noviembre. Si para entonces los decretos de vivienda no están convalidados, el búnker habrá fabricado humo. Si lo están, la pregunta seguirá en pie: ¿gestión… o escaparate de urgencia con olor a urna?