Hay un número que no necesita titular de traca: 529. Es el recuento de viviendas que suman los 266 senadores en sus declaraciones de bienes, según la recopilación de Europa Press difundida este sábado. Pisos, apartamentos, unifamiliares. No es un rumor de pasillo. Es el papel que firman al recoger el acta.
El detalle duele más que el total. 148 senadores —el 56%— declaran más de una casa. En un país donde alquilar se ha convertido en carrera de obstáculos y donde la calle lleva días gritando que la vivienda no es un fondo de inversión, la Cámara Alta ofrece el retrato de una élite con llaves de repuesto.
El mapa por grupos: el PP manda en el catastro
El Partido Popular es el grupo mayoritario del Senado (142 escaños) y también el que más inmuebles acumula: unas 318 viviendas. Dos de cada tres senadores populares (66%) declaran más de una casa. El PSOE, con 88 parlamentarios, suma más de 168 y un 53% con multi-propiedad. No es un duelo de santos y pecadores: es un gradiente de privilegio dentro de quien escribe las leyes.
En el otro extremo, el grupo ERC-EH Bildu aparece con una vivienda por cabeza —o ninguna— y cero multi-propietarios. Izquierda Confederal declara dos inmuebles en total. El Grupo Plural (Junts, Coalición Canaria, BNG y AHI) suma once viviendas entre siete senadores. El PNV, ocho entre cuatro. El mixto (Vox, UPN y José Ignacio Landaluce) llega a dieciséis, con cinco multi-propietarios.
La lectura no es moralina de púlpito. Es de poder. Quien decide sobre desahucios, alquileres y suelo llega a la sesión con un colchón inmobiliario que la mayoría de inquilinos no verá en su vida. Y el bloque que más casas declara es, además, el que más frena desde la derecha cualquier intento de tocar el mercado.
Salom y Barreiro: el escaparate del lujo declarado
En la cima del listado no hay misterio. María Salom (PP) figura con hasta diez viviendas, ocho locales y veinte plazas de aparcamiento en Mallorca. Al inicio de la legislatura declaró 22.932,22 euros de renta por alquileres. José Manuel Barreiro (PP) aparece con un inventario que incluye trece viviendas, seis solares y dos bajos comerciales, según el desglose de propiedades y cuotas; su renta por alquileres declarada al arrancar la legislatura: 10.014 euros.
Repetimos lo obvio porque conviene: declarar no es delinquir. Nadie está afirmando aquí un delito. Estamos leyendo el catastro político en voz alta. Si el Senado quiere debatir vivienda con credibilidad, tendrá que convivir con esta foto: quienes más hablan de “seguridad jurídica” del propietario a veces son, simplemente, propietarios a lo grande.
El contraste con la calle no es casual
Este sábado, mientras se publicaba el recuento, decenas de ciudades salían otra vez a protestar por el acceso a la vivienda. No hace falta mezclar causas ni inventar un complot. Basta el roce de dos realidades: abajo, colas, fianzas imposibles y acampadas; arriba, un hemiciclo donde más de la mitad de los senadores tiene segunda (o tercera) residencia en el bolsillo.
La izquierda institucional debería usar estos datos sin hipocresía —el PSOE también multiplica inmuebles— y sin convertirlos en caza de brujas personal. El problema no es que un senador herede un piso. El problema es un sistema político que normaliza la multi-propiedad en la élite legislativa mientras el techo se vuelve lujo. Las cifras ya están. Falta la vergüenza.