Hay sentencias que se leen en el BOE y otras que se cocinan en un borrador. El Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa una nueva ponencia para el pleno del 6 de octubre que, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, avalará amnistiar la malversación del procés y dirá que el Tribunal Supremo se apartó de la finalidad de la ley de amnistía al no aplicársela a varios dirigentes independentistas, entre ellos el líder de Junts, Carles Puigdemont.
No es todavía una sentencia. Es un texto de trabajo. Pero en política constitucional española un borrador con mayoría progresista ya es un terremoto con fecha en el calendario.
Macías cambia el guion
El ponente es el magistrado José María Macías, del sector conservador de la corte de garantías. Su primera ponencia iba en la línea del Supremo: desestimar el recurso de amparo del exconsejero y secretario general de Junts, Jordi Turull, al no ver arbitrariedad ni error patente en las resoluciones que le negaron la amnistía por malversación.
Esa lectura no tenía números. En el pleno de esta semana, Macías asumió que su tesis no contaba con el respaldo de la mayoría progresista y preparó otra acorde al sentir mayoritario, adelantada por El Español y confirmada a Europa Press por fuentes jurídicas.
La nueva propuesta declara vulnerado el derecho de Turull a la tutela judicial efectiva, en relación con la representación y participación política y la legalidad penal. Propone anular las resoluciones del Supremo que denegaron la amnistía y ordenar otras «respetuosas» con esos derechos. La conclusión clave: la interpretación del alto tribunal «se apartó de la finalidad de la norma».
Del TJUE al 6 de octubre
El debate llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara, en lo esencial, la medida de gracia al descartar una de las premisas del Supremo: que el referéndum ilegal afectara a los intereses financieros de la UE. El TJUE no cerró, sin embargo, la otra pata que el Supremo sí apreció: que hubo beneficio personal para los dirigentes independentistas.
Ahí está el choque de trenes. El Supremo denegó a Turull la amnistía de la pena de inhabilitación absoluta por malversación impuesta en la sentencia del procés. El Constitucional, si confirma el borrador, le dirá al Supremo que esa lectura no es fiel a la ley que el Parlamento aprobó.
Y no es un caso aislado. La respuesta al amparo de Turull servirá de plantilla para el resto: Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín o Lluís Puig. Después, será el Supremo quien tenga que aplicar lo que diga el TC.
Lectura de la mesa de derecha
Desde un marco liberal-conservador, el aviso es de manual: cuando la mayoría progresista del Constitucional fuerza al ponente conservador a reescribir su propia ponencia para amnistiar la malversación, el mensaje al ciudadano no es «paz territorial»; es que el delito de apropiación o uso indebido de caudales públicos se diluye si el reo tiene el suficiente peso político.
No hace falta inventar un complot. Basta con la secuencia factual: ley de amnistía → Supremo la acota en malversación → TJUE tumba una pata europea → el TC prepara anular la lectura del Supremo → el 6 de octubre puede abrir la puerta a que vuelvan a la vida política quienes el alto tribunal excluyó del perdón por ese delito.
Lo que no se puede afirmar todavía —y no lo afirmamos— es el fallo final del pleno ni el alcance exacto de cada amparo. La ponencia puede modificarse. Los votos pueden moverse. Pero el diseño institucional ya está a la vista: un tribunal de garantías con mayoría progresista se apresta a corregir al Supremo en el punto más sensible del pacto de investidura con el independentismo.
En una democracia adulta, la amnistía es una decisión política del legislador. Lo que irrita a media España no es solo el perdón: es ver cómo, pieza a pieza, la malversación del procés pasa de «línea roja» del Supremo a borrador favorable en el Constitucional. El 6 de octubre no es un trámite de despacho. Es la fecha en la que se medirá si la finalidad de la ley pesa más que la tipicidad del delito.