Hay debates que se venden como defensa de la Constitución y, al final, solo retrasan lo obvio. El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia. Lo firmaron Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en Barcelona en enero de 2023. Lo recurrió el Senado con la mayoría absoluta del PP. Y la corte de garantías, con ponencia de un magistrado del sector conservador, Ricardo Enríquez, ha dicho que no hay choque con la Carta Magna.
La pelea no era un detalle de protocolo. Giraba en torno al artículo 2.4: la idea de que un ministro francés pudiera “participar” en el Consejo de Ministros español —y al revés— al menos una vez cada tres meses. Para el PP, eso olía a cesión de soberanía. Para desbloquear el texto, en abril de 2026 los ministros de Exteriores de ambos países acordaron una interpretación clara: la invitación es para una reunión en los márgenes del Consejo, por separado, no dentro del órgano colegiado del Gobierno. El Congreso ya dio luz verde en junio. Francia ya lo había aprobado en su Asamblea y en su Senado. Faltaba el Senado español. Y el Senado, en vez de cerrar, empujó el expediente al Constitucional.
El TC tumba la premisa del recurso. No da por bueno el relato de que un ministro extranjero se siente en el Consejo español como si fuera uno más. La expresión “en los márgenes”, recuerda la corte, está asentada en la práctica internacional y europea: reuniones al lado, no dentro. Traducción para quien no vive de los tecnicismos: no se ha reescrito la soberanía del Gobierno; se ha blindado una cooperación de vecinos con lectura prudente. Y lo ha hecho un tribunal unánime, no una mayoría “de bando”.
José Manuel Albares no ha perdido el tiempo. Celebra el aval, acusa al PP de boicot “irresponsable” y pide al Senado que lo apruebe ya. Su argumento no es poesía europeísta: Francia es país vecino, socio de la UE y primer socio comercial de España; habla de unos 56.000 millones de euros en exportaciones anuales, 330.000 españoles en Francia y cerca de un millón de personas en la vida transfronteriza. Se puede discutir el tono del ministro. Es más difícil discutir que dilatar tres años un tratado con el principal socio no es “prudencia constitucional”: es política exterior a cámara lenta.
El calendario aprieta. Macron llega en visita de Estado el 29 y 30 de septiembre. Habrá Rey, habrá Moncloa y habrá foto. Lo que no debería haber es la vergüenza de recibir al presidente francés con el tratado aún aparcado por un recurso que el propio Constitucional ha desestimado de forma unánime. Si el PP cree de verdad en Europa y en la relación bilateral, el siguiente paso es simple: votar en el Senado y dejar de convertir cada acuerdo vecinal en un arma de oposición.
Hay quien prefiere el ruido de Ceuta, de las joyas o del gas pimienta a hablar de lo que sostiene el día a día de la frontera y del comercio. Pero la política exterior no se improvisa en un tuit. O se construye con tratados, tribunales y mayorías, o se deja que el bloqueo haga el trabajo sucio. Esta vez el Constitucional ha hablado. Ahora toca al Senado dejar de mirar hacia otro lado.