Este miércoles el Tribunal de Cuentas ha hecho lo que la derecha lleva años vendiendo como imposible: aplicar de verdad la ley de amnistía a la factura contable del procés. La consejera del Departamento Segundo absuelve a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por los gastos del 1-O, del 9-N y de la acción exterior. Y ordena levantar las fianzas que tenían depositadas para no ver embargados sus bienes.
No es un truco de magia política. Es la consecuencia de dos anclas jurídicas: la propia ley de 2024 y la sentencia del TJUE de julio, que dejó claro que la amnistía no choca por sí sola con los intereses financieros de la Unión. Cuando la Generalitat certifica que esos gastos no salieron de fondos europeos, el único obstáculo que el tribunal había dejado en pie se cae.
Qué se cierra (y qué no)
Los hechos probados no se niegan: hubo gastos entre 2011 y 2017 para el referéndum y para proyectar el independentismo fuera. La demanda de Societat Civil Catalana hablaba de más de 4,2 millones; las fianzas superaban los 4 millones. La Fiscalía, tras la amnistía, ya pedía el perdón contable. El tribunal esperó a Luxemburgo. Hoy archiva.
Entre los absueltos están también Dolors Bassa, Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig y el resto de la nómina habitual del 1-O. Para Puigdemont es la primera amnistía efectiva en el capítulo económico, mientras la pieza penal sigue su camino en el Supremo tras el fallo del Constitucional sobre malversación y el levantamiento de la orden de detención por Llarena.
El marco que molesta a la derecha
Durante años se repitió que la amnistía era un cheque en blanco y un ataque a Europa. Luxemburgo no compró ese relato. El Tribunal de Cuentas, que en septiembre aún frenaba la aplicación inmediata, hoy dice que no ha quedado acreditado el uso de presupuesto de la UE. SCC anuncia recurso y amenaza con volver a Europa. Puede hacerlo. Eso no borra el dato de hoy: el Estado contable deja de perseguir una deuda política disfrazada de auditoría eterna.
En plena precampaña del 29-N, el mensaje de la mesa progresista es seco: la amnistía no era un eslogan de coalición; era una herramienta de normalización. Quien quiera pelear el relato del “dinero robado” tendrá que pelearlo en las urnas, no convertir cada euro del 1-O en un proceso sin final. El TDC no ha reescrito 2017. Ha aplicado la ley que el Congreso aprobó y que Europa no tumbó.