No hay sentencia. No hay juicio oral. Hay un auto y una fianza. Y, aun así, el movimiento importa: una jueza de Madrid acepta que el PP se persone como acusación en la causa abierta por su querella contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por un presunto delito electoral.
Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Coro Monreal —titular de la plaza 21 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid— impone al PP una fianza de 6.000 euros en metálico, a abonar en ocho días, “para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa”. También acepta la inhibición del Juzgado de Instrucción número 49 a favor de su plaza y acumula las diligencias ya practicadas. En castellano de pasillo: el expediente se concentra y el principal partido de la oposición entra en la causa con papeles, no solo con ruedas de prensa.
La querella data de marzo de 2026. El PP acusa a Tezanos de utilizar las encuestas del CIS para “inflar sistemáticamente” y “beneficiar” al PSOE, con el objetivo de alterar la voluntad de los ciudadanos y movilizar a su electorado. El propio partido sitúa las penas posibles —si algún día hubiera condena, que hoy no existe— entre tres meses y un año de prisión, multa e inhabilitación para funciones demoscópicas en el ámbito público. Eso es el marco penal que alega la acusación, no un fallo judicial.
La lectura de derecha es directa. El CIS no es un think tank de tertulia: es el termómetro oficial del Estado. Cuando una parte del hemiciclo sostiene que ese termómetro se calienta a favor del Gobierno, el conflicto deja de ser de eslóganes y entra en el juzgado. La personación del PP no demuestra el delito. Demuestra que un juez instructor deja que la acusación particular camine. En política española, ese paso suele ser el que convierte una bronca mediática en un expediente con plazos, notificaciones y, más adelante, posibles periciales.
Conviene no confiar el relato a la exageración. Tezanos no está condenado. El auto no declara que las series del CIS sean falsas. Lo que sí hace es aceptar al PP en la causa y poner precio —6.000 euros— al ejercicio de esa acción. Quien celebre esto como sentencia firme miente. Quien lo despache como “ruido de oposición” ignora que el Estado de derecho también se mide en si las instituciones demoscópicas públicas resisten el escrutinio cuando se les acusa de jugar a favor de quien manda.
El contexto ayuda a entender por qué duele. España vive semanas de crisis de vivienda, posible adelanto electoral y guerra de sondeos. En ese clima, el presidente del CIS es pieza simbólica: para la izquierda, demógrafo incómodo para la derecha; para la derecha, engranaje de un relato de ventaja institucional. El auto de Monreal no cierra ese duelo. Lo judicializa un poco más. Y eso, en vísperas de cualquier calendario de urnas, no es un detalle de hemeroteca: es un flanco de legitimidad del aparato público de medición.
La exigencia mínima, desde un marco liberal-conservador, es simple de enunciar y dura de cumplir: encuestas pagadas con dinero público, metodología transparente, distancia del Gobierno de turno y respuesta procesal cuando se alega manipulación electoral. Hoy solo hay personación admitida y fianza fijada. Mañana, si la instrucción avanza, habrá que mirar pruebas, no eslóganes. Hasta entonces, el mensaje político ya está sobre la mesa: el CIS ha entrado en la fase en la que la oposición puede pelear dentro del juzgado, no solo en la tele.