El TSJM deja Sol en tiendas: ni tres meses de «inacción» ni desalojo exprés

Once noches de tiendas en la Puerta del Sol y el mapa judicial sigue igual: la acampada se queda. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelar de la Comunidad de Madrid para forzar su disolución. El argumento no es ideológico en la forma; es de reloj administrativo en el fondo: no se ha acreditado el presupuesto legal de tres meses de inactividad de la Delegación del Gobierno desde el requerimiento.

Traducción para el vecino que no vive de autos: mientras no se cumpla ese plazo de «inacción», el tribunal no ve base para entrar a desmontar el campamento por la vía cautelar que pide Ayuso. Ya hubo un primer no el 5 de octubre, en fase de cautelarísimas —sin oír a la otra parte—. Este miércoles, tras dar audiencia a la Delegación, el TSJM reitera el rechazo.

La Delegación del Gobierno, con la Abogacía del Estado, ha dicho en sede judicial lo que el Ejecutivo central lleva días repitiendo en política: la ley de seguridad ciudadana pide medidas proporcionadas y reserva la disolución de reuniones como último recurso. Ordenar el levantamiento, argumentan, puede generar más perjuicio que beneficio; no aprecian peligro inminente para personas ni mobiliario que justifique el desalojo ya.

Desde la Comunidad la lectura es otra. Fuentes del Gobierno de Ayuso aseguran a RTVE que estudian recurso de reposición y exigen a la Delegación «que ejerza sus competencias y ponga fin a una acampada ilegal». Su relato no es abstracto: perjuicio a vecinos y comerciantes, actos vandálicos contra patrimonio y recorte de derechos del resto de madrileños que quieren usar la plaza sin sortear lonas y asambleas eternas.

Aquí está el choque real de esta pieza. El derecho de reunión no es un cheque en blanco para convertir el kilómetro cero en un asentamiento indefinido. Tampoco la autoridad puede disolver a golpe de titular cada protesta incómoda. Pero cuando una acampada se cronifica, el coste lo pagan quienes no salen en la foto: el comercio que cierra antes, el turista que no entra, el residente que pierde una plaza pública y el policía que hereda el día a día de un conflicto que la política prefiere empujar al juzgado.

El TSJM ya advirtió, al tumbar las cautelarísimas, que un desalojo puede afectar de forma irreversible al derecho de reunión y que exige cautela y proporcionalidad; la disolución debe ser último recurso y puede implicar compulsión física. Es doctrina prudente. El problema político es otro: si la Delegación alarga la «proporcionalidad» hasta que el calendario de tres meses haga inútil cualquier cautelar, la precariedad del orden en Sol deja de ser accidente y empieza a parecer estrategia.

Mientras tanto, la acampada —impulsada en origen por el Sindicato de Inquilinas y ya con «vida propia», según sus propios portavoces— mira a la huelga general de noviembre y a los decretos de vivienda en Diputación Permanente. La lluvia ha retrasado asambleas; parte quiere seguir pese al 29-N. Legítimo protestar. Menos legítimo es normalizar que el centro de Madrid funcione como zona alegal a la espera de que un plazo administrativo madure.

La mesa de derechas no pide porras fáciles ni criminalizar el grito por el alquiler. Pide algo más prosaico y más democrático: que la autoridad competente decida con plazos claros, que el tribunal no se convierta en el único gobierno de la plaza y que Sol vuelva a ser de todos —también de quien no acampa—. Si el recurso de reposición no mueve el auto, la pelota sigue en Delegación. Y cada noche más de tiendas es un recordatorio de quién está (o no está) ejerciendo el mando.