Ceuta: 309 millones en el Congreso y Marlaska reprobado otra vez

El Congreso ha hecho el doble gesto que define esta legislatura en modo emergencia: sacar la chequera y, a la vez, señalar al ministro del Interior. El real decreto de apoyo a Ceuta —unos 309 millones para lo que queda de año— salió adelante con una mayoría aplastante. En paralelo, prosperó la moción del PP que reprueba a Fernando Grande-Marlaska por la gestión de la crisis. El dinero pasa; la responsabilidad política, no se esfuma.

Las crónicas parlamentarias sitúan el decreto en el entorno de 304 votos a favor frente al rechazo de Vox. No es un cheque en blanco moral. Es un reconocimiento pragmático de que la ciudad autónoma está desbordada y necesita oxígeno fiscal ya: atención humanitaria y menores, seguridad, ayudas a empresas y trabajadores, comercio y turismo, ERTE y un paquete de medidas que también toca a Melilla en bonificaciones laborales y fiscales. Carlos Cuerpo lo defendió como paso para “devolver la normalidad”. En la oposición, la frase que resume el clima es otra: no se tapa la incompetencia con dinero.

El desglose que ha circulado en la prensa parlamentaria habla de partidas gruesas —humanitaria/seguridad/tejido productivo— y de un fondo de ayudas directas a autónomos y empresas gestionado por la Agencia Tributaria, con solicitudes ya en marcha y abonos previstos a partir de octubre. Todo eso puede ser útil para un autónomo ceutí que ha visto el comercio hecho un campo de minas. Ninguna de esas transferencias demuestra, por sí sola, que la frontera esté bajo control.

Por eso la reprobación importa aunque no eche a nadie del sillón. No es una moción de censura. Es un cartel político: la Cámara deja escrito que la gestión de Interior en Ceuta no cuela. El PP ha insistido en que, si el Gobierno no puede garantizar que “esto no va a volver a pasar”, el decreto no sirve de mucho. Vox ha votado en contra del paquete y empuja el relato del retorno masivo a Marruecos. Junts y otros grupos han cargado, con matices distintos, contra una política migratoria que repara después de romper.

El mismo ciclo deja otra foto incómoda. La Audiencia Nacional ha frenado de forma cautelar el campamento de acogida en el Puerto de Ceuta tras un recurso del Sindicato Unificado de Policía. El Gobierno hablaba de un operativo inminente para sacar a cientos de personas de la playa de El Trampolín hacia carpas con más orden y seguridad; Moncloa expresó “perplejidad”. Se puede discutir el fondo del recurso. Lo que no se puede maquillar es la secuencia: primero el desborde, después el parche presupuestario, y en medio un freno judicial que deja el realojo en el aire.

Ángel Víctor Torres ha actualizado cifras de retornos voluntarios y expedientes de expulsión de adultos. Son números de trabajo administrativo, no un diploma de éxito. Mientras haya discrepancias sobre cuántas personas permanecen realmente en la ciudad y mientras el Puerto quede en stand-by, el relato oficial de “operativo en marcha” suena a PowerPoint.

La derecha no necesita inventar aquí un melodrama. Bastan los hechos del pleno: 309 millones de reparación, un Interior otra vez reprobado y un dispositivo de acogida que choca con los tribunales el mismo día en que se pedía normalidad. Ceuta no es solo una crisis humanitaria. Es un test de Estado. Y un Estado que paga la factura después de perder el control de la frontera no está proyectando fortaleza: está enviando la factura a todos los demás.

El decreto se tramitará como proyecto de ley. Habrá enmiendas, bronca y foto. Lo que no habrá, salvo un cambio de hechos sobre el terreno, es una narrativa creíble de que Marlaska sale indemne porque el BOE ha abierto la caja. El Congreso ha dicho dos cosas a la vez. La primera, que Ceuta necesita recursos. La segunda, que Interior no puede vender como triunfo lo que empezó como fracaso.