Este domingo Barcelona no discutió un detalle de ingeniería. Discutió el modelo. Unas 5.500 personas, según la Guardia Urbana —la organización habla de muchas más—, recorrieron el centro contra la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Había bicicletas, tractores del Baix Llobregat y una consigna que no necesita traducción: más trenes y menos aviones.

La marcha la convocó Zeroport, con el respaldo de más de doscientas entidades ecologistas, vecinales y sociales. Empezó en el Passeig de Gràcia, bajó hacia Urquinaona y acabó en la plaza Sant Jaume con aviones de papel. El gesto era casi infantil. El mensaje, no: quien pida más capacidad aérea tendrá que explicar qué hace con el alquiler, el calor y un delta ya tensionado.

El detalle político duele más que la pancarta. En la calle no solo estaban colectivos. Estaban ERC, Comuns y la CUP. Medios como La Vanguardia y ABC sitúan en la cabecera a dirigentes como Diana Riba, Jéssica Albiach y Laure Vega. Es decir: formaciones que sostienen o condicionan a Salvador Illa y a Jaume Collboni salen a decir que la ampliación no va. Ni ahora ni nunca, según el lema de la plataforma.

El calendario no es casual. Esta misma semana el Consejo de Ministros aprobó el DORA III, el plan de inversiones aeroportuarias para 2027-2031. Para El Prat, las crónicas sitúan en torno a 1.760 millones de euros de Aena en ese periodo, dentro de una cifra de unos 3.200 millones a una década vista. Hay dinero gordo para terminales, aparcamientos y actuaciones en pista. Lo que no entra como obra de la tercera pista en ese tramo es la gran ampliación física que tanto enciende el debate: los textos hablan de unos 191-192 millones para trámites previos y compensaciones ambientales, no para empezar ya a comerse el delta.

Esa distinción importa. Permite al Gobierno decir que “aún no se construye la pista” mientras deja el camino engrasado. Y permite a la oposición al proyecto responder: si solo son papeles, ¿por qué hay que firmarlos? Zeroport enlaza la ampliación con 10 a 15 millones de turistas más al año, un alza de emisiones del aeropuerto que la propia plataforma cifra en torno al 40%, más presión sobre la vivienda y más estrés agrícola en el Llobregat. Son estimaciones de parte. Pero describen el miedo real de quien ya no encuentra piso y ve la ciudad convertida en pasillo de maletas.

Cinco años después de otra gran movilización, el conflicto vuelve porque el modelo no se ha cerrado. Patronales y economistas de la ciudad se han pronunciado a favor de crecer. La calle, este domingo, ha dicho lo contrario. Y ha señalado a Illa y Collboni con una ironía pesada: dióxido de carbono como apellido político.

Se puede discutir capacidad, hub intercontinental o empleo. Lo que no cuela es vender “convivencia” y “cohesión” mientras el crecimiento aéreo se vende como destino inevitable y la vivienda se trata como daño colateral. Si los socios del Govern marchan con Zeroport, el problema ya no es solo ambiental. Es de credibilidad: o se rediseña el modelo o la foto de Sant Jaume se convertirá en la portada de cada crisis de alquiler.