El reloj de la amnistía vuelve a marcar en el Tribunal Constitucional. Este martes el pleno arranca el estudio de los recursos de amparo de la cúpula del procés contra la negativa del Supremo a perdonar la malversación. El primero en la cola es el de Jordi Turull, secretario general de Junts. Detrás vienen, en plenos sucesivos, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva o Dolors Bassa. No es un trámite de archivo: es la pelea por si la ley que salió del Congreso se aplica de verdad o se queda a medias.
Europa Press y EFE dibujan el mismo mapa. El Constitucional ya avaló la ley frente a los recursos de inconstitucionalidad del PP. El Tribunal de Justicia de la UE descartó que la amnistía rompiera el derecho europeo ni los intereses financieros de la Unión. Aun así, el Supremo —con el instructor Pablo Llarena a la cabeza en el caso de Puigdemont— sigue diciendo que no: aprecia un beneficio personal de carácter patrimonial y, con ese argumento, mantiene la malversación fuera del perdón y la orden nacional de detención en pie.
La ironía del martes es casi de manual. El ponente del amparo de Turull es el magistrado conservador José María Macías. Su borrador, según el relato de EFE, da la razón al Supremo: la interpretación no sería “sorpresiva” ni “caprichosa”, sino una discrepancia de legalidad ordinaria ajena al amparo. Fuentes jurídicas consultadas por la agencia dan por hecho que esa ponencia no tiene mayoría. Si el pleno la tumba, habrá que nombrar otro ponente y esperar, como pronto, al pleno del 6 de octubre.
Eso no es un detalle de pasillo. Llarena ha dejado escrito que no revisará su negativa solo porque lo diga el TJUE, pero fuentes del Supremo adelantan que aplicará la doctrina que fije el Constitucional sobre Turull sin esperar al amparo personal de Puigdemont. Si el TC abre la puerta a amnistiar esa forma de malversación, el expresident y quienes huyeron con él podrían ver cómo se mueve, de golpe, el tablero de la detención. Junts, por boca de Josep Rius, pide prudencia y sentencias rápidas: quieren la ley aplicada “de una vez por todas”.
Desde la mesa de izquierda el cuadro es claro. Hay una ley aprobada en las Cortes, blindada por el Constitucional frente al PP y respaldada en lo esencial por Luxemburgo. Quien frena ahora no es el BOE: es una lectura del Supremo que convierte el beneficio patrimonial en un candado político. El coste lo pagan la convivencia y la seguridad jurídica. Cada semana de limbo es un recordatorio de que una parte de la judicatura puede reescribir en la práctica lo que el legislador ya cerró.
Conviene no vender humo. El martes puede acabar solo con el rechazo de la ponencia de Macías, un nuevo relator y más calendario. También puede salir una doctrina contundente que arrastre al resto de amparos. Lo que sí se puede decir sin adornos es esto: el Constitucional entra por fin en el meollo de la malversación. Del resultado depende si la amnistía es una norma viva o un papel mojado para quienes el Supremo decidió dejar fuera.
Para el lector de a pie la disputa suena a jerga. En realidad se resume en una pregunta muy simple: ¿puede un tribunal de enjuiciamiento vaciar una ley de gracia que las Cortes aprobaron, el TC validó en abstracto y Europa no tumba? Si la respuesta del pleno es que no, el camino de vuelta de Puigdemont deja de ser un rumor de Perpiñán y se convierte en un escenario jurídico real. Si la respuesta se enreda, el conflicto institucional se alarga y la política catalana sigue secuestrada por un contencioso que ya debería estar cerrado.